Santiago 12 Jul. (ATON) -
El Tribunal Oral Penal de La Serena condenó a diversas penas a 13 acusados por simular servicios que no se prestaron a corporación municipal y que cobraron honorarios con boletas ideológicamente falsas. El fraude superó los 762 millones de pesos.
El Tribunal Oral Penal de La Serena condenó a N.P.C.M. y B.O.G.G., exfuncionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, a dos penas de 4 años de presidio efectivo, más el pago de multas, por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, cometidos entre 2019 y 2024.
Además, en fallo unánime, el tribunal integrado por las magistradas Carol Sepúlveda (presidenta), María Inés Devoto y Francisca Muñoz Bruna (redactora) condenó al acusado C.A.M.F a las penas de 4 años de presidio efectivo, más multa, como autor del delito de lavado de activos, junto con otros 3 años de reclusión y multa por fraude de prestaciones estales.
En la causa, el tribunal aplicó a los otros 10 acusados, penas de entre 840 y 1.082 días de presidio, más multas, sustituidas por la remisión condicional por los lapsos respectivos.
Finalmente, el tribunal decretó el comiso de tres vehículos, casa habitación y dinero en efectivo incautados en el procedimiento.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que al menos desde diciembre de 2019 y hasta 2024, N.P.C.M., coordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y B.O.G.G., junto a C.A.M.F. -cónyuge de N.P.C.M.-, se coordinaron con el objetivo de cometer de manera sistemática y permanente delitos tendientes a la defraudación de fondos públicos y lavado de activos que administra la corporación.
Para eso, cada uno de los acusados ejerció funciones determinadas y útiles para el propósito delictivo, que les permitió defraudar al fisco en, aproximadamente, la suma total de $762.778.091, a través de pagos improcedentes, realizados por el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal, a sujetos que reclutaban y que no prestaron servicio alguno a la repartición.
De acuerdo al fallo, los 13 condenados simularon servicios que no se prestaron a corporación municipal y cobraron honorarios con boletas ideológicamente falsas y/o facilitando sus claves para la confección de las mismas.
En cuanto a la participación de las funcionarias del Departamento de Salud, el fallo consigna que se acreditó que ambas acusadas, valiéndose de sus cargos y con ánimo de defraudar a la corporación, "se apropiaron de bienes fiscales, específicamente, de fondos públicos que administraba dicha entidad, emitiendo y usando para dichos fines boletas de honorarios e informes mensuales de actividades falsificados".
Los montos defraudados por los condenados, posteriormente, fueron reintroducidos al sistema económico formal a través de diversas maniobras de ocultamiento, como transferencias bancarias para ocultar su origen ilegal para, finalmente, utilizarlos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.