Santiago 26 Dic. (ATON) -
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la denomina ley de amarre del sector público y comentó sobre la cifra de casi 33 mil funcionarios públicos que habrían ingresado durante este Gobierno que se verían beneficiados por esta norma.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la denomina ley de amarre del sector público y comentó sobre la cifra de casi 33 mil funcionarios públicos que habrían ingresado durante este Gobierno que se verían beneficiados por esta norma.
Lo que se ha señalado en términos del aumento de los funcionarios, hay una diferencia respecto de quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación. Entonces, por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas , indicó la autoridad.
Elizalde señaló que lo que nosotros estamos planteando en el marco del acuerdo con la mesa del sector público, a solicitud de las asociaciones de funcionarios, es que finalmente los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, en caso que se proceda desvinculación se fundamente dicha decisión .
Respecto a la cifra de funcionarios que se verían beneficiados con esta normativa, el titular del Interior detalló que cuando se planteó el aumento de los funcionarios públicos, incluso se planteó tres veces la cifra que usted ha señalado, se aclaró que se trataba mayoritariamente de quienes fueron contratados para los servicios de salud, y aquellos que fueron trasladados del sector municipal a los servicios locales de educación pública, los Slep, correspondían, en este último caso, a personas que ya eran funcionarios públicos, pero de dependencia municipal .
En cuanto a la eventual acusación constitucional que anunció la UDI contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, Elizalde afirmó que hay que ser bien claros, este instrumento está concebido con una finalidad distinta. Y si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, sea esto una moción, es decir, de origen parlamentario o un mensaje, es decir, teniendo su origen en una decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto. Si está a favor, votar a favor, si está en contra, votar en contra".
"Es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional, e implica simplemente desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la constitución respecto a los parlamentarios", subrayó.
Finalmente, sostuvo que "todos los parlamentarios que tienen cierto conocimiento del derecho y conocen la constitución, incluyendo parlamentarios de oposición, han señalado que una acusación de esta naturaleza carecería de sentido".