Santiago 15 Ene. (ATON) -
Un grupo de legisladores solicitó formalmente a la Contralora General auditar el actuar del IPS y los mecanismos de coordinación con la PDI, con el fin de establecer responsabilidades y resguardar los derechos de los afectados.
La suspensión errónea de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 13 mil adultos mayores entre fines de 2025 e inicios de 2026 motivó a la bancada de diputados de Renovación Nacional a solicitar a la Contraloría General de la República una investigación especial.
El Instituto de Previsión Social (IPS) explicó que la suspensión corresponde a un proceso anual de verificación de requisitos. En esta ocasión, el error se originó porque la Policía de Investigaciones habría entregado datos equivocados que señalaban que algunos beneficiarios no cumplían con la condición de no permanecer fuera del país por más de 180 días, lo que en varios casos resultó ser falso.
Ante esta situación, los diputados de RN acusaron que el IPS trasladó indebidamente la responsabilidad a los afectados, al exigirles acudir presencialmente a Chile Atiende para actualizar la información. A juicio de los legisladores, esta medida vulnera principios básicos del derecho administrativo.
Los parlamentarios advirtieron que se trata de una situación de carácter masivo, originada en el uso de información presuntamente errónea o desactualizada , que dejó sin un beneficio esencial a miles de personas mayores.
Por ello, solicitaron formalmente a la Contralora General auditar el actuar del IPS y los mecanismos de coordinación con la PDI, con el fin de establecer responsabilidades y resguardar los derechos de los afectados.
También criticaron que las notificaciones se emitieran a fines de diciembre, lo que impidió a los adultos mayores ejercer su defensa en un plazo razonable, ya que los efectos se hicieron sentir desde el 1 de enero de 2026.