Santiago 29 Nov. (ATON) -
La Fundación Acción Educar identificó tres falencias en la iniciativa: ausencia de financiamiento, mayor carga administrativa y un enfoque normativo que, aseguran, no considera la diversidad de los establecimientos.
Un reciente análisis elaborado por la Fundación Acción Educar, publicado por Emol, volvió a instalar en el debate público las alertas sobre el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, iniciativa aprobada en general por la Comisión de Educación del Senado y que busca prevenir el acoso escolar, la discriminación y diversas formas de violencia dentro de los establecimientos del país.
La advertencia del centro de estudios surge en un escenario particularmente complejo. Según cifras de la Superintendencia de Educación, entre enero y septiembre se registraron 14.931 denuncias ciudadanas, de las cuales 11.019 el 74,3% están vinculadas directamente a convivencia escolar. El aumento, además, se ha observado en todos los tipos de colegios: un 25,2% en los públicos (fiscales y SLEP), 25,5% en los subvencionados y 27,7% en los privados pagados.
Uno de los principales cuestionamientos del estudio apunta a la ausencia de financiamiento específico para enfrentar las nuevas obligaciones que el proyecto impondrá a los establecimientos.
Desde Acción Educar señalan que en un contexto en que los recursos ya son escasos para los establecimientos, aumentar las exigencias y profesionales al interior de las comunidades educativas tensiona y limita las capacidades con las que enfrentan su labor .
El análisis recuerda que el Ejecutivo ha planteado que estas nuevas tareas deberían financiarse con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Sin embargo, la fundación advierte que aquello podría significar un desvío de fines esenciales: los recursos con los que se pretende financiar el proyecto ya se encuentran destinados a otros fines y, por tanto, aprobar el proyecto en los términos propuestos significa desviar o quitar recursos de necesidades actuales para cubrir otras nuevas , sostienen.
Ante estas preocupaciones, se incorporó en la Comisión de Hacienda el mandato para que la Superintendencia de Educación informe anualmente los montos utilizados de SEP para cumplir con las nuevas obligaciones.
El segundo punto criticado por Acción Educar es el aumento de carga administrativa que generaría el proyecto. El diagnóstico es claro: más formularios, reportes y procedimientos pueden terminar afectando la labor central de docentes y directivos.
A juicio del organismo, uno de los principales aspectos que complejiza y ralentiza el trabajo educativo es la burocracia a la que están sometidos los colegios , agregando que cualquier normativa debe considerar que los equipos ya trabajan con una sobrecarga considerable.
Es relevante reiterar que cualquier legislación que se proponga debe considerar que se trata de instituciones que ya se encuentran con una carga administrativa excesiva , advierten.
Un enfoque rígido para un problema diverso
El tercer elemento que cuestiona Acción Educar apunta directamente al diseño del proyecto. La fundación sostiene que la convivencia escolar es un fenómeno dinámico y que requiere flexibilidad y estrategias adaptadas a cada comunidad.
Por eso, afirman que se requiere de medidas flexibles y diversas que permitan a las comunidades educativas abordar la convivencia escolar de acuerdo con sus necesidades .
En esa línea, insisten en que el foco de la ley está mal puesto: el proyecto aborda la convivencia escolar desde una visión rígida y excesivamente normativa entregar herramientas a las comunidades es clave y lamentablemente, nunca fue el foco , recalcan.
Un debate que recién comienza
Mientras el proyecto avanza en el Senado, las advertencias del estudio se suman a la discusión sobre cómo enfrentar una realidad que ya preocupa a todo el sistema escolar. La alta tasa de denuncias y el aumento sostenido de casos de violencia al interior de los establecimientos evidencian la urgencia de políticas efectivas, pero también de recursos suficientes y un enfoque acorde a la diversidad educativa del país.