Santiago 27 Dic. (ATON) -
La diputada Javiera Morales aseguró que la norma no busca beneficiar cargos de confianza y apunta a entregar estabilidad a funcionarios a contrata.
En medio del debate político que abrió el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, la diputada Javiera Morales (Frente Amplio) salió a respaldar la iniciativa, luego de que desde la oposición se acusara un eventual amarre de funcionarios y se anunciara una posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La parlamentaria por la Región de Magallanes descartó de plano las críticas levantadas por la UDI, señalando que el objetivo de la medida no apunta a beneficiar a cargos políticos ni a funcionarios de confianza del Ejecutivo. Ellos bien saben que esto no es para apitutar gente, ni tampoco se trata de cargos de confianza. Los diputados UDI saben que los cargos de confianza están a honorarios y no van a ser beneficiados por esta norma , afirmó.
Morales enfatizó que el foco del acuerdo está puesto en mejorar las condiciones laborales de quienes llevan años desempeñándose en el aparato público bajo contratos precarios. Lo que busca esta norma es entregarle algo de estabilidad laboral a aquellos funcionarios a contrata que llevan años en los distintos servicios públicos , sostuvo la legisladora, quien fue reelecta y continuará representando al Distrito 28.
La iniciativa contempla el establecimiento de mayores exigencias para concretar despidos de personal a contrata, con el objetivo de evitar desvinculaciones arbitrarias. De acuerdo con un estudio elaborado por el centro de estudios Horizontal, la norma podría impactar a cerca de 33 mil funcionarios públicos.
Desde la oposición, en tanto, la UDI endureció su postura y reiteró la posibilidad de impulsar un libelo acusatorio contra el ministro de Hacienda. El diputado Jorge Alessandri adelantó el camino que seguirá su sector en el Congreso: Vamos a ocupar todas las herramientas legales, todas las que sean necesarias. Llamaremos a votar en contra (de la iniciativa), vamos a ir al Tribunal Constitucional si se aprueba, porque sentimos que va en contra de las reglas de la Constitución. Por supuesto que también, en la eventualidad de que se apruebe, acusaremos (constitucionalmente) , enfatizó.
En esa línea, el gremialismo informó que iniciará conversaciones con el resto de la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), con el fin de reunir los apoyos necesarios para que la acusación constitucional prospere.
Desde el PDG, sin embargo, marcaron distancia respecto de la viabilidad de esa estrategia. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela cuestionó el contenido de la norma, señalando que no corresponde, porque es un golazo a la clase media y a la clase media emergente, que son los que financian estos puestos de trabajo .
No obstante, el futuro jefe de bancada del partido aclaró que, a su juicio, la situación no amerita una acusación constitucional. Eso no necesariamente justifica una AC, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado por los partidos políticos tradicionales buscando generar presión o resolver un conflicto coyuntural. Esto desnaturaliza la herramienta y daña la institucionalidad , concluyó.