Santiago 30 May. (ATON) -
La anulación de las órdenes de detención contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesiones Túpac Katari, Vicente Salazar, eran una condición inapelable para regresar a la mesa de negociaciones.
La Fiscalía de La Paz (Bolivia) dejó sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre dos líderes de las protestas que están acorralando desde hace semanas al presidente del país, Rodrigo Paz, sin que exista por ahora diálogo a la vista.
La anulación de las órdenes de detención contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesiones Túpac Katari, Vicente Salazar, eran una condición inapelable para regresar a la mesa de negociaciones, tal y como admitió este pasado viernes el vicepresidente del país, Edmand Lara, y recoge el medio UNITEL.
Después de que sectores de la COB anunciaran este viernes que no tenían la más mínima intención de sentarse a dialogar (y, es más llamaron a masificar los bloqueos actuales), Argollo, en un video difundido en redes sociales, ha dejado en manos de las bases su participación en las conversaciones.
"Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria", manifestó.
En un esfuerzo para salvar la crisis Paz anunció el lunes que reducirá a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de bloqueos de carreteras, fruto de las movilizaciones de indígenas, campesinos y sindicalistas que han pedido su dimisión por la crisis económica, unas protestas que han dejado ya cuatro muertos y más de un centenar de detenidos.
Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto.
Una situación que el Ejecutivo intenta sortear mediante la apertura de canales de negociación con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan actuando para despejar algunas vías, recurriendo en determinados casos al uso de gases lacrimógenos.
El Ejecutivo ha rechazado que las recientes modificaciones en su seno ante el descontento popular respondan a una crisis interna y ha defendido que se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente.