Santiago 2 Feb. (ATON) -
El Ministerio Público solicitó el desafuero del gobernador ante la Corte de Apelaciones de Santiago para avanzar en la investigación del traspaso de más de $1.600 millones a ProCultura.
Con la exposición de nuevos antecedentes y la discusión de medidas cautelares, este domingo se desarrolló la segunda jornada de formalización del denominado caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La investigación apunta al traspaso de más de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la ONG ProCultura.
En esta fase del proceso, el Ministerio Público formaliza a cinco personas por el delito de fraude al fisco, mientras continúa detallando los antecedentes que, a su juicio, evidencian irregularidades tanto en la adjudicación como en la ejecución del convenio.
En paralelo, una fuente de la Fiscalía confirmó que el actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego, mantiene la calidad de imputado en esta causa, aunque hasta ahora no ha sido formalizado debido al fuero que le otorga su cargo. Para avanzar en ese escenario, el Ministerio Público solicitó su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que aún no fija fecha para escuchar los alegatos.
Al respecto, el abogado querellante en representación de la UDI, Pablo Toloza, explicó que la normativa vigente impide formalizar al gobernador mientras conserve su fuero, especialmente si la Fiscalía pretende solicitar medidas cautelares de mayor gravedad. En ese contexto, sostuvo que el gobernador Orrego está imputado en esta causa, pero no puede ser formalizado si el Ministerio Público pide medidas cautelares más gravosas. Lo que corresponde, de acuerdo a nuestra legislación, es el desafuero, y eso es lo que ha solicitado la Fiscalía, lo que está pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago .
Solicitud de prisión preventiva
Durante esta jornada, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados, entre ellos Alberto Larraín, cofundador de ProCultura. La audiencia, sin embargo, registró retrasos luego de que el abogado Mario Valenzuela, defensor de María Teresa Abusleme exdirectora de estudios de la fundación , abandonara la causa, quedando su representación en manos de la Defensoría Penal Pública.
Superado ese episodio, el Ministerio Público retomó la exposición de los antecedentes que sustentan su solicitud de cautelares.
Hasta ahora, el único imputado con medidas decretadas es Gabriel Prado, quien fue contratado por el Gobierno Regional Metropolitano para vincularse con ProCultura y respecto de quien la Fiscalía atribuye un menor grado de participación. El tribunal le impuso arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Su abogado y hermano, Alfonso Prado, afirmó que la situación de su representado es distinta a la de los otros imputados. Una vez formalizado y revisada la carpeta se van a poder ver bien los antecedentes. Derechamente tiene una participación distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público. Los hechos investigados corresponden al año 2022 y mi representado aparece contratado en 2023 , sostuvo.
Audiencia continuará el lunes
Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que la audiencia fue suspendida poco después de las 17 horas, en momentos que el fiscal de Alta Complejidad, Cristian Aguilar Aranela, fundamentaba ante el tribunal la petición de medidas cautelares formulada por el Ministerio Público .
Asimismo, precisó que la audiencia se retoma mañana, a las 10 horas, con el resto de la exposición del fiscal, para luego dar paso a querellantes y defensas .
Se espera que las resoluciones respecto de los imputados restantes queden definidas entre martes y miércoles.