Santiago 14 de febrero de 2024 El ex alcalde de Vitacura Raul Torrealba sale de la Capitan Yaber . Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE
Santiago 11 Jun. (ATON) -
Perjuicio público fue de al menos 766 millones de pesos durante una década, y para quien dirigió la Municipalidad de Vitacura se pide una pena de 28 años.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte acusó al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, de encabezar una agrupación de personas que "de manera organizada y sistemática integraron una red de corrupción dedicada a la realización de acciones tendientes a defraudar a la municipalidad de Vitacura".
Este esquema de desvío de recursos públicos operó durante al menos una década, entre 2011 y 2021, a través de organizaciones vinculadas al municipio.
De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía Centro Norte y detallados en la acusación, el perjuicio directo al erario público alcanzó al menos 766 millones de pesos, los que provenían de los dineros desviados de las organizaciones.
La acusación presentada por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, y la fiscal adjunta Alicia Ascencio, detalla que el exjefe comunal se concertó con funcionarios municipales para la realización de un conjunto de acciones tendientes a defraudar a la Municipalidad de Vitacura.
La acusación es por 29 delitos reiterados de fraude al fisco y lavado de activos, y seis delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devolución impuestos.
Las penas solicitadas por todos estos delitos suman 28 años de cárcel.
Según la acusación, para defraudar al municipio, la red encabezada por Torrealba -de 77 años y exmilitante de Renovación Nacional- utilizó distintas modalidades, a través de las Organizaciones Comunitarias Funcionales denominadas VITA y del Consejo Local de Deportes de Vitacura.
Desviaron fondos provenientes de las subvenciones municipales que recibían, así como ingresos generados por ellas, dineros utilizados para obtener beneficios económicos para sí mismos o para terceros.
Y el principal beneficiado era el exalcalde Torrealba.
EL ESQUEMA EMPLEADO
Según la acusación de la Fiscalía, esta red usó organizaciones comunitarias funcionales como Vitadeportes, Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes para canalizar millonarios recursos municipales.
Dichos fondos, que debían destinarse a actividades comunitarias, fueron desviados por los imputados hacia fines personales o no justificados.
El modus operandi implicaba que el propio exalcalde aprobaba las subvenciones y la transferencia de dinero a estas organizaciones, para que luego los administradores extrajeran recursos en efectivo.
En la práctica, Torrealba instruía a Domingo Prieto Urrejola, Renato Sepúlveda Nebel y Antonia Larraín Prieto para que le entregaran sobres con dinero en efectivo obtenidos de manera fraudulenta desde el Consejo Local de Deportes y de las Organizaciones Comunitarias Funcionales ya indicadas.
Parte relevante del dinero era entregado de forma periódica en sobres al propio Torrealba, mientras que otra fracción era distribuida entre distintos participantes del esquema, generando así una salida sistemática de recursos públicos hacia fines no autorizados.
LAVADO DE ACTIVOS
Una vez obtenidos los fondos, Torrealba desplegaba diversas maniobras para su ocultamiento, configurándose así el delito de lavado de activos por el que fue acusado.
Entre ellas, destaca el ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero mediante depósitos en cuentas personales del acusado y de su cónyuge, muchas veces realizados por terceros, por ejemplo, choferes municipales.
A esto se sumaba el fraccionamiento de los depósitos bancarios, efectuados en montos menores o repetidos en una misma jornada, con el objetivo de evitar alertas bancarias.
Asimismo, los fondos eran trasladados entre distintas cuentas, incluyendo cuentas bipersonales, para dificultar su trazabilidad.
El esquema también contemplaba la emisión de cheques a nombre de terceros que, una vez cobrados, eran de nuevo depositados en otras cuentas del imputado, generando una apariencia de circulación legítima de los recursos.
En la acusación, la Fiscalía Centro Norte acusa a Torrealba de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, consistente en la omisión de ingresos en sus declaraciones de renta.
Al no declarar los ingresos extra que estaba recibiendo, el monto que debía pagar en impuestos era menor al real.
Del mismo modo, al presentar declaraciones tributarias con información incorrecta, solicitaba devoluciones de impuestos que no correspondían, las que fueron pagadas por el Estado.
DETALLE DE LAS PENAS PEDIDAS
Por 29 delitos reiterados de fraude al fisco, considerando la extensión del mal causado por los delitos, se solicita se le imponga a Torrealba una pena única de doce años de presidio mayor en su grado medio, más una multa del 30% del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, más accesorias legales correspondientes y costas.
Por el delito de lavado de activos, se solicita se le imponga una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), más accesorias legales correspondientes y costas.
Por seis delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, se solicita se le imponga una pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa del 100% del valor del tributo eludido, más accesorias legales correspondientes y costas.
Por un delito de obtención indebida de devolución de impuestos, se solicita se le imponga una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más multa del 100% del monto defraudado, más accesorias legales correspondientes y costas.
LOS OTROS IMPUTADOS
En esta causa ya fueron condenados Renato Sepúlveda, por el delito de fraude al fisco, a la pena cinco años de libertad vigilada intensiva.
Antonia Larraín fue condenada a cinco años de libertad vigilada por el delito de fraude al fisco, más una multa de 698 UTM.
Augusto Silva fue condenado por el delito de fraude a tres años y un día, más una multa de $99 millones de pesos. Por delito tributario fue condenado a 729 días de presidio más multa de 20 UTA.
El imputado Arnaldo Cañas fue condenado por el delito de fraude a 555 días y multa de $16 millones. Por delito tributario fue condenado a otros 541 días y multa de 2UTA.
El imputado Domingo Prieto, quien estaba formalizado por fraude y delito tributario, falleció antes de que se presentara acusación en su contra.