Archivo - Chile.- Dos sujetos quedan en prisión preventiva por secuestro de conductor en P. Montt - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE. - Archivo
Santiago 19 Sep. (ATON) -
El tribunal estableció un radio de exclusión de 100 metros respecto de las víctimas, prohibición de acercamiento y arraigo regional. La investigación tendrá una duración inicial de 70 días.
Con medidas cautelares y un plazo de investigación de 70 días quedó un hombre formalizado por tres delitos consumados de amenazas, en una causa que involucra a menores de edad y adultos del sector de calle Haydeé Arias Méndez, en Punta Arenas, Región de Magallanes.
La Fiscalía inició una investigación penal contra Cristian Santi Andrade, a quien atribuye una serie de intimidaciones que habrían comenzado mientras un grupo de jóvenes se encontraba jugando en la vía pública.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia de control de detención, el imputado habría abordado de manera agresiva a los menores, profiriendo insultos y amenazas de muerte. Ante la situación, los jóvenes se refugiaron en sus respectivos domicilios.
Posteriormente, el padre de los menores salió para verificar lo que estaba ocurriendo. Según la imputación de Fiscalía, en ese momento también habría sido encarado por el sujeto, quien presuntamente amenazó con disparar contra los jóvenes si nuevamente realizaban ruidos en las cercanías de su vivienda.
El hombre también habría amenazado de muerte al padre y a su familia.
Los antecedentes presentados ante el tribunal señalan que, posteriormente, una vecina del sector también habría sido intimidada, presuntamente con el objetivo de evitar que se comunicara con Carabineros para denunciar lo ocurrido.
Tras la formalización, el tribunal decretó medidas cautelares para el imputado, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas y un radio de exclusión de 100 metros. Además, quedó sujeto a arraigo regional mientras se desarrolla la investigación.
Durante la audiencia, la defensa presentó la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio mediante un pago económico. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a que no contó con la conformidad de las personas afectadas.
El tribunal estableció finalmente un plazo de 70 días para desarrollar las diligencias investigativas y programó una nueva audiencia para el próximo 16 de noviembre.