Santiago 17 Mar. (ATON) -
Desde la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional alertan sobre la posible continuidad del secretario general, lo que dicen vulneraría las normas administrativas. Mencionan denuncias ante la OIT por vulneración de derechos y prácticas antisindicales y pérdidas millonarias por su gestión.
A través de una declaración pública, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (Fedacon) expresó su rechazo por el eventual regreso de Raúl Guzmán Uribe a la secretaría general del Senado, luego de que concluyera su periodo el pasado 10 de marzo y que algunos parlamentarios estén bogando por su retorno.
En el comunicado, se menciona la posibilidad de que Guzmán continúe en sus funciones, incluso bajo la figura de un permiso administrativo. La federación calificó esta situación como un hecho que vulnera las normas jurídicas administrativas más básicas y nos sorprende profundamente .
Desde 2019, la organización que reúne a más de mil funcionarios y funcionarias del Congreso ha levantado alertas sobre lo que consideran irregularidades en la gestión del exsecretario del Senado.
En su declaración, señalan que esperaron como la noche más larga y más oscura el término del último periodo de Guzmán, ocurrido al finalizar el período legislativo anterior.
Durante los 7 años de gestión de Raúl Guzmán, Fedacon asegura haber constatado con decepción que las normas que se aplican a todos los chilenos no parecieran regular el quehacer del ex secretario general del Senado .
La federación enumeró una serie de acciones que califican como cuestionables, realizadas en un contexto de impunidad.
Entre los hechos mencionados en el documento se encuentra haber infringido la cuarentena durante la pandemia para almorzar con dos amigos, utilizando chofer y auto fiscal.
Asimismo, acusan a Guzmán de haber desmentido y confrontado a senadores; además de mantener una exposición mediática que califican como sin precedentes, incluso mayor a la de los propios legisladores.
La declaración también señala que, por intermedio del presidente de la ANEF, se habrían ofrecido 30 millones de pesos a un funcionario para que desistiera de una demanda.
A esto se suman pérdidas superiores a los 200 millones de pesos en juicios, siempre eludiendo controles internos y externos, según el texto.
Además, mencionan que mantiene vigente una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulneración de derechos fundamentales y prácticas antisindicales.
Del mismo modo, la Fedacon sostiene que estos actos afectaron gravemente los derechos de funcionarias y funcionarios del Senado, así como a sus familias, simplemente porque no aceptaron ser sus cómplices o secuaces , se lee.
La federación enfatiza que se trata de personal que cumple tareas profesionales, técnicas y administrativas en la corporación.
La organización también cuestionó el perfil del exsecretario general, señalando que el cargo exige un profundo conocimiento del derecho parlamentario, la técnica legislativa y la tradición institucional.
Según Fedacon, esta formación no se adquiere en programas universitarios tradicionales, sino a través de la trayectoria funcionaria dentro del propio Congreso.
El oficio señala que Raúl Guzmán Uribe no posee formación en derecho parlamentario ni desarrolló dicha especialización durante su ejercicio, debiendo apoyarse permanentemente en funcionarios de carrera para el cumplimiento de funciones esenciales.
Esta situación, afirman, resulta cuestionable desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y la probidad .
La federación considera que este nuevo periodo abre una oportunidad para cerrar un capítulo que ha generado profundas tensiones dentro del Senado. En su declaración, expresan su orgullo y renovada esperanza por la instalación de la nueva mesa.
Finalmente, la Fedacon confía en que la nueva integración de la Corporación sabrá conducir al Senado hacia una etapa renovada, donde prime el respeto por la función pública, ya que contamos con los mejores especialistas en derecho parlamentario, que se han preparado toda su trayectoria funcionaria para asumir con legitimidad, probidad y conocimiento institucional este importante cargo , finaliza el texto.