Santiago 8 Feb. (ATON) -
El programa contiene 90 iniciativas enfocadas en seguridad, salud, vivienda, empleo y eficiencia del Estado, con medidas que buscan mostrar resultados en el corto plazo.
A un poco más de un mes del cambio de mando, los futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast ya trabajan con un documento clave sobre la mesa. Se trata del plan denominado Desafío 90 , una hoja de ruta impresa, aprobada y distribuida entre quienes deberán ejecutar las primeras acciones de la nueva administración desde el 11 de marzo.
La estrategia fue elaborada por un equipo liderado por Bernardo Fontaine y define un conjunto de 90 iniciativas orientadas a enfrentar las urgencias identificadas en el programa presidencial. Cercanos al diseño subrayan que se trata de acciones, no anuncios , pensadas para mostrar resultados en el corto plazo y marcar el inicio del período.
Aunque una reunión general con las futuras autoridades aún no se concreta debido a viajes, vacaciones y la conformación de equipos, en la Oficina del Presidente Electo advierten que el tiempo es limitado. Por ello, los próximos secretarios de Estado avanzan en la llamada ingeniería de detalle , destinada a precisar cómo comenzará la ejecución inmediata del plan.
La propuesta combina distintos instrumentos. Cerca de 40 medidas corresponden a cambios reglamentarios, alrededor de 25 son proyectos de ley y el resto son decisiones administrativas que deberán activar diversas reparticiones públicas. Las mayores exigencias recaen en Interior, Seguridad, Justicia, Hacienda, Economía, Salud, Vivienda y Trabajo, aunque varias acciones requerirán coordinación intersectorial.
En materia de seguridad, uno de los ejes centrales del programa, el plan contempla levantar información sobre líderes de organizaciones criminales en el sistema penitenciario para avanzar en su segregación hacia recintos de alta seguridad. También considera la intervención de barrios con fuerte presencia de narcotráfico y medidas vinculadas al control migratorio, como zanjas en pasos no habilitados, mayor tecnología de vigilancia, refuerzo policial en zonas fronterizas y centros de retención para reconducción de personas detectadas dentro de un radio cercano a la frontera.
Desde el ámbito legislativo, se impulsará tipificar como delito el ingreso ilegal al país y sancionar a quienes transporten, empleen o arrienden viviendas a personas que hayan cruzado por pasos irregulares. Estas tareas involucrarán a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto con Interior, Migraciones, Segpres y otras carteras.
En el frente social, Salud tendrá un rol prioritario bajo la conducción de la médica May Chomali. Su misión será enfrentar las listas de espera mediante una estrategia de shock que incluya decretar alerta sanitaria, reasignar recursos y fortalecer la colaboración público privada para aumentar la disponibilidad de camas y pabellones, con foco en atenciones oncológicas GES.
Educación, en tanto, considera el envío de un proyecto para eliminar trabas a la creación de nuevos colegios subvencionados. Vivienda impulsará cambios regulatorios para ampliar la disponibilidad de suelo, acelerar la construcción de soluciones habitacionales y promover una iniciativa que elimine el pago de contribuciones a la primera vivienda de personas mayores de 65 años. A ello se suma la reconstrucción de zonas afectadas por incendios recientes y de años anteriores.
El plan también incorpora medidas de eficiencia estatal, como ampliar horarios de atención en servicios críticos, extender la vigencia de licencias de conducir y presentar un proyecto anticorrupción que acelere sumarios administrativos.
En el área económica, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, liderará iniciativas para estimular el crecimiento y el empleo formal. Entre ellas se cuentan la reducción del impuesto corporativo, incentivos tributarios a la contratación de trabajadores vulnerables y ajustes regulatorios en ámbitos tributarios, laborales, comerciales y medioambientales para disminuir burocracia.
La elaboración del Desafío 90 incluyó consultas a expertos, equipos programáticos y representantes de otras candidaturas del sector, con el fin de anticipar obstáculos, costos y resistencias. Más allá de la ejecución administrativa, el objetivo político es sostener respaldo ciudadano temprano y evitar que la tradicional luna de miel presidencial se acorte.
Por ello, la estrategia busca resultados visibles y un relato basado en medidas de sentido común que permitan mostrar cambios desde el inicio. El seguimiento quedaría radicado en la coordinación interministerial del Interior y en el monitoreo del equipo político cercano al mandatario, sin descartar la creación de un comité específico para esta tarea.
Así, el Desafío 90 se instala como la primera prueba de fuego del nuevo gobierno, donde la rapidez de ejecución y la percepción ciudadana serán determinantes para el rumbo del período que comienza.