Santiago 31 May. (ATON) -
El exsecretario de Estado cuestionó el traslado de internos al penal de Tiltil y sostuvo que la medida podría significar un retroceso en igualdad ante la ley y derechos humanos.
La situación del Centro Penitenciario de Tiltil, conocido históricamente como Punta Peuco, volvió al centro del debate público luego de que el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionara las recientes decisiones adoptadas por Gendarmería respecto al traslado de internos hacia ese recinto.
En Estado Nacional de TVN, el exsecretario de Estado manifestó su preocupación por la reubicación de tres condenados por delitos comunes al penal y advirtió que la medida podría representar un retroceso respecto de criterios que, a su juicio, han guiado la política penitenciaria en las últimas décadas.
Yo creo que es una muy mala decisión, es una decisión que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos, pero también en el hecho de que no existan personas privilegiadas ni grupos privilegiados en nuestro país , afirmó.
Gajardo sostuvo además que este tipo de decisiones se alejan de avances impulsados incluso por gobiernos de distintos sectores políticos, mencionando como ejemplo medidas adoptadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. De hecho, el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. El presidente Piñera dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia , señaló.
Respecto a las razones que explicarían el traslado de internos, el exministro indicó que existe un debate sobre si se trata de una decisión meramente administrativa o de una determinación política. El Presidente de la República, José Antonio Kast como sus ministros de Defensa y de Justicia, han dicho que se debería retrotraer esta medida que se tomó durante el gobierno del presidente Boric. Y en la práctica, efectivamente, ha ocurrido eso , sostuvo.
No obstante, reconoció que Gendarmería realiza habitualmente movimientos de internos por distintas razones operativas. Sin embargo, planteó que si existe una definición política detrás de los cambios, esta debe ser explicitada públicamente. Para eso, habría que modificar el decreto. Volver a establecer la especialidad del decreto tal y como está en el decreto de su creación , comentó.
Las declaraciones surgen luego de que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, descartara que la medida obedeciera a una instrucción política, argumentando que la verdadera interrogante sería revisar si la decisión adoptada por la administración anterior tuvo o no ese carácter.
Debate sobre beneficios penitenciarios
Gajardo también se refirió a la discusión sobre eventuales mecanismos de conmutación de penas para condenados que presenten enfermedades graves, discapacidad o edad avanzada.
A juicio del exministro, la revisión de este tipo de situaciones puede formar parte de una discusión legítima basada en criterios humanitarios.
Y, de hecho, eso ocurre. Las personas que están en este recinto penal recurren de manera permanente a los tribunales de justicia para que se les flexibilicen sus condiciones penitenciarias , explicó.
Sin embargo, recordó que los estándares internacionales establecen exigencias específicas para este tipo de beneficios, especialmente cuando se trata de condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Primero, que las personas hayan colaborado en los procesos judiciales. Segundo, que entreguen información valiosa para resolver los crímenes en los cuales estas personas fueron condenadas (...) y lo tercero, que se hayan arrepentido de los crímenes que cometieron , indicó.
Continuidad de las políticas públicas
El exministro también valoró una reciente reunión sostenida con el actual titular de Justicia, Fernando Rabat, junto a otros exsecretarios de Estado de la cartera.
Según explicó, el encuentro reflejó una disposición distinta a la que, en su opinión, ha predominado en algunos discursos políticos durante los últimos meses.
El ministro Rabat, cuando se junta con los exministros de Justicia, lo que busca en nosotros es ver la continuidad de las políticas de justicia , señaló.
Asimismo, sostuvo que varias de las promesas formuladas durante la campaña presidencial han enfrentado dificultades para concretarse.
Yo creo que nos ha quedado más que claro en estos casi tres meses de gobierno que lo que se propuso en campaña, al menos uno lo podría catalogar como un exceso retórico o promesas que eran muy complejas de cumplir en la práctica , afirmó.
Finalmente, al referirse a la próxima Cuenta Pública presidencial, Gajardo señaló que espera conocer detalles concretos sobre los planes del Ejecutivo para fortalecer el sistema penitenciario y avanzar en la construcción de nuevas plazas carcelarias.
Que conozcamos cuáles son los planes y estrategias puntuales que se va a tener , concluyó, destacando además los proyectos penitenciarios que quedaron en distintas etapas de ejecución y que, según indicó, deberían continuar durante la actual administración.