Santiago 29 Mar. (ATON) -
La víctima falleció tras permanecer hospitalizada luego de una violenta agresión en avenida España de la comuna.
El caso de Camila Ponce sumó nuevas reacciones este sábado, luego de que se confirmara la presentación de acciones legales por parte del Gobierno, en medio de la búsqueda del responsable del ataque que terminó con la vida de la conductora en Valparaíso.
La joven falleció tras permanecer cinco días internada en el Hospital Carlos Van Buren, luego de haber sido víctima de una violenta agresión ocurrida el pasado 19 de marzo en Avenida España.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que el Ejecutivo presentará una querella criminal para perseguir al autor, quien aún no ha sido detenido. Lamentamos profundamente el cobarde homicidio de Camila. No podemos tolerar este tipo de violencia en nuestra sociedad. Perseguiremos con toda la fuerza de la ley al autor de este asesinato , afirmó, agregando que la Policía de Investigaciones mantiene diligencias activas para dar con su paradero.
De acuerdo con los antecedentes, el ataque se produjo mientras la víctima realizaba un servicio de transporte, momento en que se vio involucrada en un altercado con otro conductor. En ese contexto, fue agredida con un objeto contundente y golpes, y posteriormente arrastrada por varios metros cuando el agresor aceleró su vehículo antes de abandonarla gravemente herida.
Tras el hecho, la joven permaneció internada con diagnóstico de muerte cerebral hasta que se confirmó su fallecimiento el 24 de marzo.
En paralelo, la familia de la víctima también presentó una querella para impulsar la investigación. Su abogado, Omar Valdivia, criticó la falta de información sobre el avance del caso y advirtió que aún no se conoce la identidad ni el paradero del presunto responsable. Solicitaremos el máximo rigor de la ley y medidas cautelares como prisión preventiva una vez que se logre identificar , señaló.
Desde el municipio, la directora de Seguridad Ciudadana, María José Brevis, confirmó que las grabaciones de cámaras de vigilancia ya fueron entregadas al Ministerio Público para su análisis.
El caso ha generado impacto público y vuelve a instalar el debate sobre la seguridad de los conductores de aplicaciones y la violencia en espacios urbanos, mientras continúan los esfuerzos por ubicar al responsable.