Santiago 21 Ene. (ATON) -
El ministro de Justicia advirtió que la iniciativa presenta falencias técnicas y podría contravenir compromisos internacionales asumidos por Chile.
El debate por el cumplimiento alternativo de penas volvió a tensionar la discusión legislativa en el Senado, luego de que el Gobierno manifestara reparos de fondo a un proyecto que busca permitir la reclusión domiciliaria de personas condenadas que sean mayores de edad o padezcan enfermedades graves.
La postura del Ejecutivo fue expuesta en la Sala por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, durante la discusión de la iniciativa impulsada por senadores de RN, Evópoli y la UDI. El proyecto apunta a que hombres desde los 70 años y mujeres desde los 65, así como personas con enfermedades terminales o con menoscabo físico grave, puedan cumplir sus penas en sus domicilios.
La iniciativa llegó a la Sala del Senado de Chile tras ser aprobada en enero de 2024 por la Comisión de Derechos Humanos, con los votos favorables de Francisco Chahuán, Carlos Kuschel y Enrique Van Rysselberghe, y el rechazo del senador Daniel Núñez. Posteriormente, el senador socialista Gastón Saavedra también consignó su voto en contra. Antes de la intervención del ministro, la Sala rechazó enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, con 24 votos en contra, 21 a favor y ninguna abstención.
En su exposición, Gajardo señaló: Como Ejecutivo quisiéramos plantear nuestra opinión respecto al proyecto que se está discutiendo en general y en particular, y lamentar que este proyecto no pase a la Comisión de Constitución .
Según explicó, la propuesta tiene un conjunto de falencias técnicas y además de tener falencias técnicas realmente importantes, es un proyecto que es contrario al Estatuto de Roma y es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
El ministro advirtió que, de aprobarse, la iniciativa permitiría conmutar penas a criminales de lesa humanidad, entre ellos, personas que han cometido graves delitos en contra de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, personas que han cometido asesinatos en serie .
Asimismo, cuestionó que la moción establece una causal amplísima y ambigua para la sustitución de la pena de las personas privadas de libertad por reclusión domiciliaria, referida a la existencia de enfermedad crónica, de la cual el condenado se encuentra impedido de recuperarse o de tratar .
En esa línea, agregó: No se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica, ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma, que harían procedente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria. Tampoco se define lo que se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas en el sistema penitenciario .
Para dimensionar el impacto del proyecto, el secretario de Estado citó cifras de Gendarmería: Actualmente existen 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que podrían ser beneficiados de este proyecto. Pero además, existen 365 personas condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 están condenadas por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y 5 por parricidio, que también podrían ser beneficiados con este proyecto .
Finalmente, el ministro sostuvo que la propuesta es contradictorio con los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia, es contradictorio con la jurisprudencia interamericana, es contradictorio con el Estatuto de Roma, y además puede generar graves efectos en materia de impunidad , y cerró solicitando a los parlamentarios que ojalá se rechace este proyecto en general y en particular en esta corporación .