Santiago 4 Abr. (ATON) -
En sus primeras semanas, la administración del Presidente José Antonio Kast ha marcado distancia con el gobierno anterior a través de una revisión exhaustiva de medidas impulsadas en el periodo de Gabriel Boric, instalando así uno de los ejes principales de su gestión.
En ese contexto, una de las decisiones que ha generado repercusión en las últimas horas fue el retiro desde la Contraloría General de la República del Decreto N° 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, iniciativa que buscaba introducir cambios en el reglamento que regula las investigaciones por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo en el marco de la Ley Karin.
La medida, ingresada pocos días antes del cambio de mando, fue cuestionada por la diputada Ana María Gazmuri en su cuenta de X. El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable , señaló.
Desde la administración saliente explicaron que las modificaciones respondían a un proceso de evaluación tras el primer año de implementación de la normativa, el cual evidenció una alta carga de denuncias que habría puesto presión sobre los procedimientos existentes.
En esa línea, detallaron que el propósito de los cambios era optimizar los procesos y resguardar principios fundamentales. El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización , explicó Ximena Valencia, ex jefa de asesores del Ministerio del Trabajo a Diario La Tercera.
Asimismo, indicaron que la propuesta no fue incluida en los procesos de traspaso de mando debido a que aún se encontraba en etapa de tramitación, por lo que no constituía un acto administrativo final.
Pese a ello, el retiro del decreto encendió alertas en el equipo del gobierno anterior, que advirtió sobre los posibles efectos de futuras modificaciones. Según señalaron, el principal riesgo es que eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares .
Desde el actual Ejecutivo, en tanto, defendieron la decisión y descartaron que implique un retroceso en materia de protección laboral. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, fue enfático al respecto.
Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas , afirmó al mismo medio.
La autoridad agregó que el proceso se está desarrollando considerando distintas visiones. Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes .
Finalmente, desde el gobierno reafirmaron que el objetivo es avanzar en una nueva propuesta que permita fortalecer la aplicación de la Ley Karin, asegurando que esta respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa .