Chile.- Estudio muestra que Ley de Etiquetado redujo el exceso de peso infantil - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
Santiago 25 Jun. (ATON) -
Con la iniciativa se busca mitigar los efectos de las actuales condiciones económicas sobre los hogares con niños más vulnerables.
El Gobierno ingresó el proyecto de ley que otorga un Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, iniciativa que busca entregar $30.000 por cada menor para enfrentar el alza en el costo de la vida.
El beneficio estatal está dirigido de forma exclusiva a las familias que pertenecen al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
El bono será entregado de forma automática según los registros del Estado, y no será necesario realizar un nuevo proceso de postulación.
La iniciativa está sujeta a su aprobación en el Congreso.
Para ser beneficiario los niños y las niñas que generan el derecho al pago deben cumplir como condiciones tener entre cero y trece años, inclusive, al 1 de junio de 2026, y pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país de acuerdo al RSH.
El proyecto de ley define un orden de preferencia para determinar qué adulto recibe el depósito, y el pago prioriza a las personas que ya cobran otros beneficios estatales por el niño o niña.
Cada niño o niña generará un solo bono, y el dinero no se duplicará si existen dos cuidadores que puedan solicitarlo.
Tal orden parte por quien reciba actualmente el Subsidio Familiar (SUF), y sigue por quien perciba la Asignación Familiar o la Asignación Maternal, quien sea beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o física, quien reciba las transferencias monetarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, y el jefe o jefa de hogar registrado en el sistema, en caso de que el menor no se encuentre en las situaciones anteriores.
El bono será pagado en una sola cuota, y las instituciones que ya cancelan los subsidios familiares vigentes realizarán los depósitos.
El monto no constituye renta ni remuneración legal, por lo que el dinero no tendrá descuentos de ningún tipo y no será tributable.
Las familias tendrán un plazo máximo de nueve meses para cobrar el dinero desde la fecha de emisión del pago.
Y si alguien cumple con los requisitos pero no recibe el dinero, tendrá derecho a realizar un reclamo formal.
El Instituto de Previsión Social (IPS) será el organismo encargado de resolver estas solicitudes.
El plazo para reclamar por el no otorgamiento será de quince meses desde que sea publicada la ley en el Diario Oficial.