Santiago 20 Dic. (ATON) -
Mientras la norma esté vigente, la Policía Nacional está encargada de mantener el orden con apoyo del Ejército y se mantienen las restricciones que establece la Constitución como inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional o libertad de reunión.
El Gobierno del presidente de Perú, José Jerí, ha prorrogado por segunda vez el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días como consecuencia de la crisis de seguridad que vive el país y que precipitó su ascenso al poder tras la destitución de Dina Boluarte.
La medida ha sido publicada en el diario oficial 'El Peruano' considerando que son "deberes primordiales" garantizar "los Derechos Humanos", proteger a la población de las "amenazas contra su seguridad" y fomentar el "bienestar general".
Mientras la norma esté vigente, la Policía Nacional de Perú está encargada de mantener el orden con apoyo del Ejército y se mantienen las restricciones de derechos contemplados en la Constitución como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional o la libertad de reunión.
Las fuerzas de seguridad deberán emitir un informe de situación a las autoridades en los cinco días hábiles posteriores al final del estado de emergencia para analizar los resultados obtenidos bajo la norma.
Las actividades que congreguen a un alto número de personas, independientemente de sus motivos -religioso, cultural, deportivo o no deportivo- deberán ser comunicadas a las autoridades que otorgarán el permiso correspondiente si así lo considera, una regla que no se aplica a eventos con una baja afluencia.
La Policía Nacional ha realizado durante los últimos meses intensas operaciones en ambas regiones bajo la vigencia del estado de alarma para desarticular supuestas bandas criminales que operan en el territorio.
A pesar de recurrir -tanto Boluarte como Jerí- al estado de emergencia, los homicidios y las extorsiones han continuado, sobre contra los transportistas, quienes han encabezado las últimas manifestaciones. La medida, han denunciado colectivos y la oposición, apunta directamente hacia el derecho a la protesta.
Los detractores del estado de emergencia señalan que la presencia de los militares en las calles no combate unas redes de extorsión que se lanzan a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil.
Europa Press / Aton Chile