Santiago 7 Ene. (ATON) -
Al inicio del trámite del proyecto, la oposición propuso separar el reajuste del sector público del "amarre" de puestos. El ministro Nicolás Grau rechazó la idea: Yo preferiría que en los casos en los que no hay acuerdo se vote. Ganamos, ganamos; perdemos, perdemos".
Con la presentación del Ejecutivo, a cargo de los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, además de disposiciones misceláneas de "amarre".
Sobre esto último, el proyecto establece que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hecho y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados .
Para evitar que el despacho del aumento salarial se prolongue más allá de enero, los diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano, Miguel Mellado, Felipe Donoso, Frank Sauerbaum y Agustín Romero, propusieron separar este "amarre" del texto principal que contiene 129 artículos y verlo en otro proyecto de ley.
Sin embargo, el ministro Grau rechazó la idea y se expresó en los siguientes términos en la sesión: Yo preferiría que en los casos en los que no hay acuerdo se vote. Ganamos, ganamos; perdemos, perdemos. Seguimos igual de amigos en este año que está recién partiendo .
Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero expresó que "nos van a obligar, si quieren que lo veamos rápido, a votar varias cosas en contra o postergar esta tramitación y verla con bastante recelo".
"Si van a estar las normas de amarre, vamos a estar hablando de normas relacionadas con aumentar el giro de empresas públicas, temas médicos, temas de 40 horas sin informe de impacto regulatorio. Nos vamos a retrasar y eso va a correr en contra de los trabajadores, y es porque lo quiso así el Gobierno", añadió Romero.
En tanto, el diputado UDI Felipe Donoso señaló que "si queremos que (el reajuste) salga durante este mes, no podemos tener esa cantidad de artículos y esta cantidad de temas. Si queremos darle un tratamiento rápido, dividámoslo: tratemos el reajuste del sector público como un tema y los otros como otro proyecto de ley".
Por su parte, el diputado RN Frank Sauerbaum recalcó que con un día de retraso ingresó el proyecto de reajuste, con una extensión de 81 páginas y 129 artículos. Esto nos obliga a una tramitación más larga de lo usual, especialmente para evaluar las distintas medidas de amarre que busca impulsar el Gobierno que perjudicarían al gobierno entrante".
Sobre estas inquietudes, el ministro Grau respondió que creemos que, tal como se ha hecho en otras ocasiones, podamos hacer el esfuerzo de tramitar esto durante enero. Lo que no tiene tanto sentido es que dividamos el proyecto. No tenemos tiempo en esta administración para tramitar la otra parte".
REAJUSTE
Tras un cuadro sinóptico de la situación económica nacional, donde se espera un IPC bajo el 3% durante 2026, el ministro Grau explicó los alcances concretos de la propuesta que surgió tras un protocolo de acuerdo firmado en diciembre de 2025. Lo suscribieron el Gobierno, la CUT y diez organizaciones gremiales del sector público.
Según expuso el Gobierno, se equilibran las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. Esto se realizaría a través de un reajuste parcelado y de priorizar el reajuste de remuneraciones mínimas y bonos para bajos ingresos. Además, incorporaría normas para resguardar a las sociedades de funcionarios.
Específicamente, se otorga un reajuste general de 2,0%, a contar del 1 de diciembre de 2025. Aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, constituyendo un reajuste total de 3,428%.
El ministro del Trabajo, en tanto, informó que la iniciativa considera mejoras al trabajo de las asociaciones de funcionarios y de sus dirigentes. Apunta a temas como la indemnidad de las remuneraciones, participación en asambleas y audiencias con autoridades.
Finalmente, el texto también mandata a presentar la renuncia a los asesores de gabinete del Gobierno. Estas se harían efectivas, a más tardar el 11 de marzo del 2026. Junto a esto, se obliga a las autoridades a informar, a más tardar, al 27 de febrero, el número de funcionarios contratados en sus gabinetes.
La comisión continuará analizando este proyecto este miércoles, en diversas sesiones. La primera de ellas está citada para las 8:30 horas y se espera que el ministro Grau responda a las inquietudes de las y los diputados, especialmente, respecto del financiamiento de la ley, que tendría un costo superior a los US$ 1.700 millones este año.