Santiago 28 Mar. (ATON) -
Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión , planteó la exautoridad.
El exministro de Justicia, exsenador y académico de la Universidad Católica, Hernán Larraín, se sumó a las voces críticas, en la idea de eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast de que hará uso de esta atribución para beneficiar a exuniformados condenados por delitos vinculados al estallido social.
En entrevista con La Tercera, Larraín respaldó la postura de la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich: El indulto presidencial tal como está concebido hoy día debe terminar. Sea que se le dé a un juez, o que se le dé a un juez que tenga un consejo, el que pueda orientar y revisar y aconsejar al juez lo que tenga que hacer, me parece que entra dentro del escenario de alternativas que uno pudiera tomar. Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión .
El exsenador sostuvo que la decisión debería recaer en los jueces: Es mejor dejar esta decisión en manos de los jueces, sin limitar el acceso a este beneficio, de manera de evitar que el Poder Ejecutivo intervenga y contamine políticamente asuntos que son propios del Poder Judicial .
El exministro explicó las dificultades que observó durante su gestión: Puedo dar fe de que se trata de un proceso extraordinariamente complejo y delicado, que cuesta mucho tomar, y en parte porque la actuación del presidente está en un espacio en que sus decisiones pueden estar presionadas por razones ajenas a lo específico de la solicitud del indulto, es decir, presionadas por razones políticas, por razones de cualquier otro tipo, como interferencias externas .
Para Larraín, el problema radica en que el indulto altera una sentencia judicial: Al final, lo que hace un indulto es modificar los efectos de un acto jurisdiccional. El Poder Judicial dicta una sentencia, condena a alguien por algún delito y eso, posteriormente, es modificado en sus consecuencias por una acción del presidente de la República. Entonces, hay aquí, obviamente, una interferencia en una decisión judicial y plantea desde ya un primer problema .
El exministro enfatizó la importancia de la independencia de poderes: Cuando existe separación de los poderes, si yo quiero que haya independencia judicial, no quiero que el presidente intervenga en los procesos ni que modifique con posterioridad una resolución judicial .
Como alternativa, Larraín propone que los jueces asuman esta facultad en casos humanitarios: Por riesgo inminente de muerte, por una enfermedad gravísima, o por la avanzada edad y habiendo cumplido una parte sustantiva de la pena, puede ser recomendable que un juez, bajo un proceso rigurosamente ordenado y con todas las cautelas que correspondan, incluso oyendo a las víctimas, pueda determinar la remisión o conmutación de la pena .
Finalmente, el exministro recordó que esta atribución proviene de tiempos monárquicos: Esto viene de cuando era el rey quien delegaba la administración de justicia, y en ese contexto podía tener sentido. Pero al año 2026 nosotros podemos ir fortaleciendo el Estado de Derecho a través de preservar el respeto a la separación de los poderes .