Santiago 4 May. (ATON) -
La acción penal del INDH fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de San Bernardo. El texto da cuenta de situaciones que comenzaron a ocurrir en 2019 y que afectaron al menos a 16 personas.
La sede metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los malos tratos sufridos por 16 personas con discapacidad en la Residencia Santa Gabriela en Paine.
Entre 2019 y 2023, el recinto recibió más de 320 millones de pesos del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) para atender a pacientes, quienes fueron víctimas de agresiones y vulneraciones.
HECHOS DENUNCIADOS
La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, explicó que la acción judicial responde a hechos de violencia y negligencia.
Las víctimas son personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que, encontrándose bajo la custodia de particulares en ejercicio de funciones públicas, sufrieron violencia física, encadenamientos y una negligencia médica que puso en riesgo su integridad , señaló.
Añadió que estas prácticas constituyen actos de apremios ilegítimos y tratos crueles que vulneran la prohibición absoluta de la tortura .
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Contreras subrayó que "el Estado tiene un deber reforzado de protección hacia quienes se encuentran bajo custodia. Es imperativo recordar que el Estado tiene una posición de garante reforzada respecto de las personas que se encuentran bajo custodia, cuya dignidad debe ser siempre respetada , afirmó.
En esa línea, pidió que el proceso judicial garantice acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento y medidas de accesibilidad comunicacional, evitando la revictimización.
La acción del INDH, ya acogida por el tribunal, apunta contra quienes resulten responsables del delito de apremios ilegítimos.
El escrito denuncia que las condiciones de habitabilidad en la residencia estaban lejos de los estándares de derechos humanos y que el personal carecía de capacitación, según constató Senadis en fiscalizaciones.
La querella enfatiza que las agresiones fueron cometidas contra personas con discapacidad que se encontraban bajo custodia y cuidado de particulares que ejercían funciones públicas en una residencia dependiente de Senadis.