Archivo - Chile.- Adulta mayor murió tras recibir disparo en medio de altercado en La Cisterna - JAVIER SALVO/ATONCHILE - Archivo
Santiago 4 Sep. (ATON) -
El Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025 estableció que el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos.
El Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025, presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), estableció que la implementación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ha permitido fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar los femicidios.
De acuerdo al Ministerio de la Mujer, el estudio detalla que el SernamEG logró contactar al 89,09% de las víctimas sobrevivientes de femicidios frustrados para ofrecer acompañamiento psicosociojurídico y presentó querella en el 47,3% de esos casos. En los femicidios consumados, el Servicio representó judicialmente al 56,8% de las víctimas indirectas.
En cuanto a las características de las víctimas, el informe señala que eran mayoritariamente mujeres chilenas (82,5%), principalmente entre los 30 y 45 años, y que la mayoría de los casos ocurre en zonas urbanas.
A nivel territorial, el estudio indica que si bien las regiones más pobladas concentran el mayor número de femicidios, las tasas de incidencia más altas se registran en zonas con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín sostuvo que el Informe CIF 2025 nos entrega una radiografía de la violencia de género en Chile. Y hay un dato que nos preocupa especialmente: en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares .
Y realizó un llamado "al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas".
Finalmente, la autoridad valoró la entrada en vigencia del reglamento que regula la representación judicial de las víctimas en el marco de la Ley Integral, que se ha materializado en la presentación, por parte del SernamEG, de 19 querellas de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida.
De acuerdo al Informe CIF, en materia de persecución penal, el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos.
Asimismo, se da cuenta que la implementación de la Ley de Reparación ha permitido otorgar pensiones a hijas e hijos de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida.
La subdirectora nacional (s) del SernamEG, Miriam Bertuzzi Ratti, destacó que este informe demuestra que, cuando el Estado trabaja de manera articulada, mejora su capacidad de respuesta frente a la violencia extrema y fortalece la protección de las mujeres .
La implementación de la Ley Integral ha permitido consolidar una coordinación más eficiente entre las instituciones, optimizar los procesos y avanzar hacia una respuesta más oportuna y centrada en las víctimas, tanto directas como indirectas , agregó la autoridad.
La jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, María Soledad Martin, explicó que los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década. En cambio, el aumento de los femicidios frustrados debe analizarse considerando las mejoras en la detección y el registro, las modificaciones legales que ampliaron las conductas sancionables y una mayor disposición de las víctimas a denunciar .
Martin añadió que el análisis también confirma que la violencia de género continúa ocurriendo mayoritariamente en espacios privados y que casi la totalidad de los femicidios consumados son cometidos por parejas o exparejas. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de seguir abordando esta violencia como un problema de seguridad pública y no como un asunto privado .