Santiago 26 Sep. (ATON) -
Entre enero y agosto fueron detectadas 286 personas cruzando irregularmente la frontera norte, frente a 4.393 en igual periodo de 2025. El Mandatario vinculó las cifras con el Plan Escudo Fronterizo y pidió reconsiderar la reforma sobre detenciones para expulsiones administrativas.
Las cifras sobre cruces irregulares detectados en la frontera norte volvieron a instalar el debate migratorio, luego de que el Presidente José Antonio Kast destacara la disminución registrada durante los primeros ocho meses de 2026 y reiterara su llamado al Congreso para avanzar en nuevas herramientas en esta materia.
Según antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI), entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), entre enero y agosto fueron detectadas 286 personas cruzando irregularmente la frontera norte. En igual periodo de 2025 se contabilizaron 4.393 casos, lo que representa una disminución de 93,5%.
A través de su cuenta en X, el Mandatario atribuyó los resultados a las medidas desplegadas por su administración y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar los ingresos irregulares.
Datos, no palabras. El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile , indicó el Mandatario.
En su publicación, Kast también se refirió al reciente revés legislativo sufrido por el Ejecutivo en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde no prosperó la reforma constitucional destinada a ampliar el periodo de detención de personas extranjeras con órdenes de expulsión administrativa.
Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición , agregó Kast.
La iniciativa buscaba aumentar de cinco a un máximo de 30 días el periodo de detención asociado a la ejecución de una expulsión administrativa. Sin embargo, la propuesta obtuvo 88 votos favorables, quedando a un sufragio de alcanzar el quórum requerido para su aprobación.
Las cifras conocidas durante esta semana muestran que una de las disminuciones más pronunciadas se produjo en Colchane. En esa zona se pasó de 4.087 personas detectadas cruzando irregularmente durante los primeros ocho meses de 2025 a 85 en el mismo periodo de 2026, equivalente a una reducción de 97,9%.
Los registros también muestran una disminución en las reconducciones, procedimiento mediante el cual una persona sorprendida intentando ingresar irregularmente es devuelta a la frontera. Entre marzo y agosto de este año se efectuaron 380 procedimientos, frente a los 2.553 contabilizados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 85%.
Del total de reconducciones realizadas durante ese periodo, 332 se concretaron en Colchane. Respecto de las nacionalidades, las personas bolivianas concentraron el 69% de estos procedimientos, seguidas por venezolanas, con 20%, y colombianas, con 6,6%.
Los antecedentes disponibles muestran, además, que la reducción de las detecciones en la frontera norte se inserta en una tendencia que comenzó antes de 2026. Los registros de Carabineros contabilizaron 27.276 casos en 2022, 20.014 en 2023 y 23.449 en 2024, mientras que durante 2025 la cifra disminuyó a 7.530.
Las cifras de este año, sin embargo, han abierto una discusión respecto de los indicadores utilizados para medir la migración irregular. Mientras el Gobierno ha destacado la disminución de las personas detectadas directamente cruzando la frontera norte, exautoridades han señalado que una medición más amplia debe considerar también fiscalizaciones y declaraciones posteriores de ingreso irregular.
De acuerdo con datos difundidos por el Ejecutivo, al considerar esos registros consolidados se contabilizaron 12.713 casos entre enero y agosto de 2026, frente a 18.895 durante el mismo periodo de 2025, equivalente a una disminución cercana al 33%.
El debate por las cifras se produce mientras el Ejecutivo busca continuar impulsando su agenda migratoria y retomar la discusión legislativa de las medidas destinadas a facilitar la ejecución de expulsiones administrativas.