Santiago 30 Ene. (ATON) -
El Plan Renace contempla una asignación universal por hijo nacido, exenciones tributarias y cambios a la asignación familiar para enfrentar la caída histórica de la fecundidad en Chile. La propuesta incluye transferencias directas y una agenda cultural para fortalecer la formación de familias.
La caída sostenida de los nacimientos en Chile se ha convertido en uno de los desafíos demográficos más relevantes para el país, y el próximo gobierno ha decidido instalar el tema en el centro de su agenda pública. En su programa presidencial, José Antonio Kast plantea un conjunto de medidas orientadas a revertir la baja tasa de fecundidad y a fortalecer el rol de la familia como eje de las políticas sociales.
Los últimos datos del Censo 2024 confirmaron la magnitud del problema. La tasa global de fecundidad se ubicó en 1,06 hijos por mujer y se proyecta que caiga a 0,92 en el corto plazo, ubicando a Chile entre los países con menor natalidad a nivel mundial. Este escenario anticipa un envejecimiento acelerado de la población, con efectos en el mercado laboral, el sistema previsional y el crecimiento económico.
En ese contexto, el denominado Plan Renace del presidente electo plantea que el país enfrenta una crisis estructural de natalidad, con una disminución de más del 30 por ciento en los nacimientos durante la última década. El diagnóstico identifica como factores los altos costos de vida, las dificultades de acceso a la vivienda, la inestabilidad laboral y los problemas para conciliar trabajo y familia, además de una pérdida cultural del sentido de trascendencia asociado a los hijos.
Como respuesta, la futura administración propone una batería de incentivos directos. Entre ellos destaca una asignación universal por hijo nacido, que contempla la entrega de dos millones de pesos por nacimiento, con un millón destinado directamente a la madre y otro millón en ahorro para el hijo. A esto se suman exenciones al impuesto a la renta según el número de hijos y una reestructuración del sistema de asignación familiar, con el objetivo de aliviar el costo económico de formar familia.
El programa también menciona la implementación de una sala cuna universal, aunque sin detallar las características de la propuesta ni las diferencias con el proyecto impulsado por el actual gobierno y que fue frenado en el Congreso. Desde el sector entrante han señalado que una iniciativa de esa magnitud requiere un debate técnico más profundo para evitar problemas en su implementación. En esa línea, la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, sostuvo que que la ley salga mal hecha y apurada es un error .
Para la socióloga Martina Yopo, investigadora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, en entrevista con La Tercera, la discusión sobre incentivos monetarios debe mirarse con cautela. Aquí no hay explicaciones simples frente a un fenómeno que es multicausal y complejo , señala. A su juicio, el descenso de la fecundidad responde a transformaciones culturales y a condiciones estructurales que dificultan el proyecto de formar familia. En Chile hay lo que yo llamo una infertilidad estructural , afirma, agregando que influyen factores como la precariedad laboral, la falta de vivienda, la pobreza de tiempo y modelos de parentalidad cada vez más demandantes.
Desde esa perspectiva, Yopo cuestiona las políticas basadas exclusivamente en transferencias directas. Explica que los bonos por nacimiento no generan aumentos sostenidos en la fecundidad y pueden producir incentivos perversos , sin resolver las condiciones de fondo que inciden en la decisión de tener hijos. Para la académica, el debate debería centrarse en políticas de cuidado, empleo y seguridad social que permitan a las familias concretar sus proyectos reproductivos.
En el programa del presidente electo, el énfasis está puesto en reducir barreras económicas, apoyar la maternidad y promover una cultura que valore la formación de familias, bajo la premisa de que el factor financiero es una de las principales limitantes para la natalidad. Sin embargo, especialistas advierten que, sin un enfoque estructural, los incentivos económicos podrían tener un impacto limitado en una tendencia demográfica de largo plazo.