Santiago 29 Ene. (ATON) -
La normativa crea el Sistema Nacional de Inteligencia, amplía atribuciones de la ANI y refuerza los mecanismos de control del Congreso y la Corte Suprema. El proyecto, aprobado con 103 votos a favor, será una herramienta clave para la futura administración del presidente electo José Antonio Kast.
Tras casi ocho años de tramitación legislativa, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en tercer trámite el proyecto que moderniza la Ley de Inteligencia, una normativa que había sido ingresada durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y que ahora queda lista para su promulgación.
La legislación se convierte en uno de los últimos avances del gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de seguridad, y también será una herramienta clave para la futura administración del presidente electo José Antonio Kast. La nueva normativa mantiene a la Agencia Nacional de Inteligencia bajo la dependencia del Ministerio del Interior, pero fortalece su coordinación con unidades de inteligencia de las policías, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.
El proyecto fue despachado con 103 votos a favor y solo tres abstenciones, incorporando una serie de cambios que amplían las facultades de inteligencia, fortalecen la coordinación interinstitucional y regulan el uso de agentes en terreno, así como la contrainteligencia en las Fuerzas Armadas.
Un nuevo sistema de inteligencia
Uno de los principales cambios es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que agrupará a todos los organismos que realizan labores de inteligencia en el país, desde la ANI hasta las unidades de las policías y las Fuerzas Armadas.
La normativa también incorpora instituciones colaboradoras como Gendarmería, Aduanas, Cancillería y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, las que podrán compartir información con el objetivo de anticiparse a amenazas contra la seguridad pública o nacional.
Además, el Presidente de la República deberá definir una Política Nacional de Inteligencia y un plan de desarrollo de carácter secreto, junto con la instalación de un Comité de Inteligencia encargado de coordinar las acciones del sistema.
En ese contexto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que siempre con la inteligencia hay que tener cuidado, porque la Ley de Inteligencia que se ha discutido, que se aprobó, es de inteligencia de Estado .
Una ANI con mayores atribuciones
La modernización de la ley también fortalece el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia. Según explicó el ministro Cordero, la normativa permitirá entregar medios de acción directos a la ANI, que hasta ahora no tenía de modo adecuado .
Actualiza fundamentalmente la ANI a partir de la experiencia que tenemos ahora, y por lo tanto deberíamos tener una ANI mucho más eficaz y operativa, que probablemente es una de las críticas que existía, entre otras, porque tenía ciertas limitaciones legales , agregó.
Entre las nuevas atribuciones, la Agencia podrá elaborar informes sobre vulnerabilidades y amenazas de ciberseguridad, advertir riesgos en infraestructura crítica y acceder a mayor información mediante labores de inteligencia. También se amplían las diligencias intrusivas, como intervenciones de comunicaciones, sistemas informáticos, escuchas, grabaciones y registros de inmuebles.
Asimismo, la ANI podrá formar y capacitar agentes de campo para labores de inteligencia en terreno. La ley establece normas estrictas sobre su funcionamiento, así como sanciones para quienes revelen información o realicen inteligencia política.
Control democrático reforzado
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que la normativa incorpora mecanismos de fiscalización y control para resguardar la democracia. Hay mecanismos de control democrático. La inteligencia es para proteger la democracia. Y por tanto, se establece un control externo reforzado que está radicado en el Congreso Nacional, a través de la facultad de fiscalización que tiene la Cámara, y también la información que puede ser requerida por el Senado, el control judicial respectivo, el control de la Contraloría General de la República, y lo más importante, se establece un régimen de responsabilidades y sanciones penales para garantizar que la democracia no se desvanezca , señaló.
Se establece un régimen de responsabilidades y sanciones penales para garantizar que la democracia no se desvanezca. Como lamentablemente ha ocurrido en la historia de nuestro país, y no me refiero solo a etapas de excepción constitucional, me refiero también a hechos que han acontecido en democracia y que han terminado siendo investigados por los tribunales de justicia , añadió.
En materia de control judicial, la ley establece que las diligencias intrusivas deberán ser autorizadas por ministros de la Corte Suprema, reemplazando el mecanismo anterior que recaía en cortes de apelaciones. Además, el Congreso podrá fiscalizar el número de operaciones y la Contraloría tendrá un rol mediante la toma de razón reservada.
Contrainteligencia en las Fuerzas Armadas
Otro de los ejes de la normativa es la regulación de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrán facultades explícitas para realizar contrainteligencia, con el objetivo de prevenir el avance del crimen organizado. También se actualizan las normas sobre declaraciones de intereses y patrimonio, y se faculta a los comandantes en jefe para crear unidades de apoyo.
Finalmente, desde el Ejecutivo se subrayó que la nueva ley deberá ser evaluada y perfeccionada con el tiempo, en línea con los estándares de las democracias avanzadas. Todos estos mecanismos tienen que ir siendo evaluados y perfeccionados en la perspectiva del tiempo, con el paso del tiempo, como ocurre en la democracia avanzada, que tiene sistemas de inteligencia eficientes , concluyó.