Santiago 8 Ene. (ATON) -
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vetado la propuesta legislativa con la que se pretendían reducir de manera significativa las condenas impuestas a los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vetado este jueves la propuesta legislativa con la que se pretendían reducir de manera significativa las condenas impuestas a los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, en un acto por el tercer aniversario de los ataques contra las instituciones en Brasilia, el 8 de enero.
"El ocho de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular", ha remarcado, recordando que la trama golpista incluía un plan para asesinarle a él y a otras altas autoridades.
Lula ha firmado el veto al finalizar un acto en el Palacio del Planalto, desde donde destacado, entre los miembros de su Gobierno y otras autoridades, la fortaleza de la democracia brasileña durante estos años y el trabajo del Tribunal Supremo durante el proceso judicial a los golpistas a pesar de las presiones.
"Posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo", ha valorado el presidente brasileño, quien ha subrayado que todos los acusados pudieron defenderse bajo un sistema transparente que les juzgó en base a "fuertes pruebas".
"No aceptamos ni una dictadura civil, ni una dictadura militar", ha apuntado Lula en un discurso en el que ha sacado pecho de los logros económicos y sociales de su Gobierno desde su regreso al mando de Brasil hace ahora tres años.
Así, ha celebrado que todas aquellas previsiones pesimistas que se lanzaron tras su vuelta "han sido derrotadas" y ha advertido a la oposición de cara a las elecciones de 2026 que si siguen "apostando por el pesimismo, perderán otra vez".
"Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo", ha dicho al finalizar su discurso, muy aplaudido entre los presentes, momentos antes de salir a saludar a quienes se concentraban en los alrededores de la sede del Gobierno, situada en esa plaza de los Tres Poderes atacada aquel 8 de enero de 2023.
Tal y como se preveía, Lula ha devuelto al Congreso la propuesta aprobada a finales de 2025 por ambas cámaras, en un claro revés para el Gobierno, que se opone de manera frontal a cualquier texto legislativo que cuestione la aplicación de las penas a los considerados cabecillas de la trama golpista.
"Con todo el respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi despacho, lo vetaré, no es ningún secreto", dijo entonces el presidente Lula, quien incidió en que "quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país".
LA OPOSICIÓN REVOCARÁ EL VETOLa oposición ha adelantado que revocará el veto. El responsable del texto, el diputado Paulinho da Força, ha asegurado que la decisión de Lula es un "desplante" al Congreso, "reabre las tensiones que habían sido superadas" y ofrece la imagen de que "Brasil no busca la paz institucional, sino el enfrentamiento permanente".
Varios congresistas más han expresado su malestar por una medida que consideran "cruel" o "vengativa", como ha valorado Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. "Esto no es justicia, no es democracia", ha opinado.
El senador Rogério Marinho ha ido un poco más allá y se ha referido a los condenados como "presos políticos" y ha lamentado que Lula no tenga "la grandeza de esos líderes de la historia que han sabido reconciliar al país por medio de sucesivas amnistías en momentos muchos más graves".
Ahora el texto pasa de nuevo al Congreso, donde puede ser revocado si cuenta con el apoyo de 257 de los 513 diputados que conforman la Cámara Baja y 41 de los 81 del Senado. En ese caso, se convertiría en ley, aunque puede ser impugnada por el Gobierno, la Fiscalía, los partidos políticos, o grupos de la sociedad civil.
La iniciativa, que contó con el apoyo de 291 diputados y 48 senadores, prevé rebajas de hasta el 70 por ciento en algunos casos. En lo que atañe a Bolsonaro, que cumple ya de manera efectiva una condena de 27 años de prisión, podría ver cómo los siete años como mínimo en régimen cerrado pasarían a dos años y cuatro meses.