Santiago 8 May. (ATON) -
La gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen una macrocriminalidad , en palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado", explicó.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy la prisión preventiva del exdiputado Joaquín José Lavín León, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos cometidos entre 2015 y 2026.
En la audiencia de formalización, el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux también ordenó la prisión preventiva del entonces asesor del parlamentario Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, sindicado por la fiscalía como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.
Al momento de resolver la privación de libertad de los imputados, el juez Urrutia Laubreaux recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la corrupción como el abuso o desviación del poder encomendado, público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos .
El Ministerio Público ha descrito en los hechos latamente expuestos la tesis que sostiene el autor Mauricio Merino sobre el Estado Capturado . Según Merino, la corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos aislados, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares , añadió.
Para el tribunal, en el caso concreto y siguiendo a Merino, se puede estimar que, de ser ciertos los hechos, se habría creado una verdadera red de ilicitud, donde el diputado imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza, donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo. Como bien señalan varios autores expertos la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados .
Esta captura ahonda tiene un efecto devastador en las instituciones públicas: cuando el cargo público se percibe como propiedad privada del político, se anula la función pública y se instala un sistema de impunidad estructural. La red de funcionarios garantiza que el desvío de fondos no sea detectado, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una verdadera organización criminal. Bajo esta lógica, la corrupción legislativa no solo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas, dejando al ciudadano en un estado de indefensión frente al poder desviado .
Reafirmando la gravedad de la corrupción, el profesor mexicano Luis Daniel Vázquez Valencia, en su libro Corrupción y Derechos Humanos: ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrupción? (2018), argumenta que la corrupción no es un delito sin víctimas . Para él, cuando un legislador o funcionario roba dinero público, está privando al Estado de los recursos necesarios para garantizar derechos básicos ( ) Por lo tanto, la red de funcionarios no solo comete un fraude al fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales , releva.
"MACROCRIMINALIDAD"
Asimismo, la resolución consigna que la gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen una macrocriminalidad , en palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado. Estas redes son exitosas porque logran la captura de las instituciones (fiscalías, congresos, ministerios). Esto es lo descrito: el legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictivo .
Vázquez describe un ciclo que llama los cinco procesos que sostienen el poder desviado: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad; siendo la impunidad el elemento que permite que todo lo demás funcione. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios (incluyendo, a veces, a quienes deben juzgarlo), la corrupción se vuelve el modo normal de operar , cita el juez.
De esto se trata la gravedad y carácter de los hechos atribuidos a los imputados Lavín y Domínguez. Atendido además la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel; es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva , ordena la resolución.
CINCO DIAS DE AUDIENCIAS
Durante la primera jornada de audiencia (lunes 4 de mayo), el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió despachar orden de detención en contra del imputado Felipe Andrés Vázquez Diéguez, quien se encontraría actualmente en España.
En la segunda jornada (martes 5), el tribunal acogió la solicitudes de la fiscalía y querellantes y decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los coimputados en la causa al procesado Juan Alberto Silva Morales, imputado como autor de los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil, delitos tributarios, tráfico de influencias y cohecho.
CARGOS DE LA FISCALÍA
Según el ente persecutor, al menos entre 2015 y 2022, el imputado Lavín León, en su calidad de funcionario público como diputado de la República, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos, a través de las cuales obtuvo fondos del Congreso Nacional con cargo a los cuales pagó deudas de campaña y otro tipo de servicios personales adeudados a la empresa Imprenta MMG , generando un perjuicio fiscal que asciende al menos a $10.896.109.
En dicho contexto, desde enero de 2015 y hasta noviembre de 2022, la empresa Imprenta MMG emitió y remitió 44 facturas a Lavín León, por un monto total de $37.055.269. De ellas, 32 fueron rendidas por el imputado al Congreso Nacional como gastos operacionales, por un total de $18.866.909.
Asimismo, durante 2017 el diputado encargó a Juan Silva Morales una serie de trabajos, los que este iba facturando al imputado Lavín León conforme a las instrucciones que le proporcionaba por intermedio del coimputado Dominguez Vallejos, quien desde 2014 se desempeñó como colaborador de confianza y asesor directo del parlamentario, como jefe de campaña, asesor legislativo y jefe territorial, hasta 2025.
Los imputados Lavín León y Domínguez Vallejos instruían al proveedor la emisión de facturas ideológicamente falsas, conforme al monto mensual disponible en el ítem de gastos operacionales destinado a publicidad del parlamentario, para obtener reembolsos de fondos públicos del Congreso Nacional.
En 2017, Lavín León en conjunto con el Vázquez Diéguez desarrolló el proyecto que denominaron SocialTazk , plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva en periodos de campañas electorales.
El proyecto fue desarrollado utilizando la sociedad creada por el imputado Vázquez Diéguez al efecto, denominada Modo74, y financiada mayoritariamente con fondos provenientes del Congreso Nacional, tanto mediante el pago de honorarios al imputado Vázquez Dieguez como asesor parlamentario del coimputado Lavín León (entre julio de 2018 y agosto de 2019), como a través de la rendición de facturas de la empresa Modo74 al Congreso Nacional, presentadas por Lavín León como supuestos gastos operacionales asociados a la función parlamentaria.
Adicionalmente, al menos desde junio de 2014 y hasta mayo de 2022, los imputados Joaquín Lavín y Arnaldo Domínguez se coordinaron para defraudar al fisco mediante la contratación fraudulenta como asesora para la labor parlamentaria de Belén Esperanza Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez, quien fue contratada con cargo a fondos públicos del Congreso Nacional, constando que al menos desde 2018, esta no cumplió función alguna como asesora.
Para ello se emitieron diversas boletas de honorarios a la Cámara de Diputados, por servicios supuestamente prestados a Lavín León como parlamentario, las que fueron por dicha entidad al menos parcialmente improcedentemente pagadas en atención al respaldo de tales servicios hecho por el imputado Lavín León, quien suscribió las boletas de honorarios y los informes de actividades presentadas ante el Congreso y que permitieron el efectivo pago de tales montos.
En tanto, al menos desde 2018, e Vásquez Dieguez, mediante la utilización de la plataforma SocialTazk, comercializó los datos del padrón electoral provenientes desde el Servicio Electoral (Servel), a los que accedió en contravención a lo dispuesto en los artículos 32, 33, 34 y siguientes de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, incluyéndolos en la herramienta, y que luego ofreció comercialmente a diversos clientes.
En cuanto al tráfico de influencias, la cónyuge del entonces diputado Lavín León se desempeñó en el cargo de alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, desde el 6 de diciembre de 2016 y hasta junio de 2021. Periodo en el cual se registró una serie de actos irregulares desplegados por Lavín León con relación al municipio dirigido por su pareja que, rol como diputado por el distrito electoral que incluye a la comuna de Maipú, le correspondía su representación y fiscalización, hasta marzo de 2026.
Finalmente, entre 2015 y 2022, los imputados Lavín León y Domínguez Vallejos encargaron al coimputado Silva Morales, en representación de las imprentas MMG y Totalprint, material publicitario para diversas campañas electorales. Entre ellas, la campaña para la elección de Cathy Carolina Barriga Guerra como alcaldesa de Maipú, en la que resultó electa. Durante el período en que ejerció como alcaldesa Barriga Guerra, el imputado Silva Morales prestó servicios de imprenta a dicho municipio a través de MMG, incluyendo la impresión de volantes, afiches y trabajos gráficos que le reportaron, entre 2017 y 2021, a MMG contrataciones por al menos $88.825.161.