Santiago 14 Feb. (ATON) -
Una de las observaciones que realizó la Contraloría por los contratos entre la Delegación Presidencial de Valparaíso con empresas que asumieron faenas de emergencia tras el megaincendio de 2024 se refiere a San Nicolás Spa, que recibió fondos por $6.725.655.566.
Una de las observaciones que realizó la Contraloría por los contratos entre la Delegación Presidencial de Valparaíso con empresas que asumieron faenas de emergencia tras el megaincendio de 2024 se refiere a San Nicolás Spa, que recibió fondos por $6.725.655.566.
Según el informe de Contraloría, la delegación adjudicó los trabajos "sin verificar previamente si dichas empresas eran propietarias de los vehículos comprometidos en los servicios, si contaban con algún derecho sobre ellos, o si disponían efectivamente del personal necesario".
Por lo mismo, la Fiscalía Regional de Valparaíso será la responsable de determinar eventuales responsabilidades penales en los contratos que consistían en el arriendo de vehículos pesados, incluyendo la provisión de personal de conducción y el suministro de combustible.
Según consigna El Mercurio, los socios de San Nicolás son María Maryorie Briones González quien aparece como fundadora de la sociedad en su conformación y Catalina Jara Briones. Además, Tomás Avilés Tillería figura como representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos, quien al momento de los incendios tenía apenas 18 años.
De acuerdo a la última modificación de la empresa, Jara entonces de 22 años y Avilés quedaron cada uno con el 50% de la empresa, de acuerdo al Diario Oficial.
Ahora, según el medio digital Ex Ante, quien estaría tras la empresa sería Pedro Briones González, padre de Catalina Jara, quien habría firmado los primeros contratos con la delegación encabezada en ese entonces por Sofía González (PC).
Parte de los cuestionamientos a la empresa comenzaron por una denuncia de un grupo de 13 camioneros y otra de un particular que reclamaron el no pago de los servicios prestados.
Así, el órgano contralor detectó que, dentro del período comprendido entre enero de 2023 y marzo de 2025 , las primeras cotizaciones pagadas corresponden a mayo de 2024 y por un monto de apenas de $3.320.417 .
Y agrega que no resulta concordante con el hecho de que en el marco de los contratos celebrados, tanto con la delegación como también con la Dirección Nacional de Arquitectura los cuales también están siendo objeto de fiscalización por parte de esta Contraloría Regional , dicha sociedad percibió ingresos por $8.250 millones.
La falta de cotizaciones antes de la catástrofe de Valparaíso, plantea, implica que dicha empresa no contaba con personal ni trabajadores a su cargo, o bien no daba cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales .
Por otro lado, la Contraloría documentó que en los contratos suscritos con la delegación, así como en las facturas emitidas en el marco de dichos contratos y del celebrado con la Dirección Nacional de Arquitectura, la empresa San Nicolás SpA consigna como domicilio una dirección en Concepción.
Sin embargo, en una visita en terreno, los fiscalizadores no pudieron ubicar la dirección señalada y al consultar a trabajadores de otras empresas ubicadas en el mencionado Parque Industrial, estos manifestaron no conocer la empresa .
Además, según lo consignado en el estatuto actualizado de la empresa San Nicolás SpA, su domicilio se encuentra en la comuna de Coronel . No obstante, tras la visita en terreno se encontró un centro de estética y un estudio contable, sin que se haya podido confirmar la presencia de la empresa San Nicolás SpA .
Por otro lado, al ser consultadas, las direcciones de Administración y Finanzas de las municipalidades de Coronel y Concepción, mediante correos electrónicos de 5 de agosto de 2025, manifestaron que la empresa San Nicolás SpA no registraba patente comercial en esas comunas . Según información recopilada por este medio, la empresa contaría con otro domicilio en Florida.
El levantamiento de información de la empresa permitió determinar que, según información de Mercado Público, las primeras órdenes de compra emitidas a la empresa San Nicolás SpA datan de julio de 2023 . En el lapso antes de los convenios con la delegación, dicha empresa había recibido un total de 11 órdenes de compra, por un monto total de $386.609.187, de las cuales nueve, por un total de $139.578.610, se vinculan a la prestación de servicios de arriendo de camiones y maquinaria pesada .
Sin embargo, los antecedentes proporcionados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, al momento en que se prestaron los servicios contratados por la Delegación, la empresa San Nicolás SpA no registraba ningún vehículo ni maquinaria pesada a su nombre . El ente contralor observó que la Delegación no requirió a las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA la presentación de garantías que aseguraran el fiel cumplimiento de los contratos suscritos .
En tanto, en el informe, la Delegación Presidencial Regional señala que la normativa vigente permite la contratación mediante trato directo en casos de emergencia, siempre que exista una resolución fundada que lo autorice, acompañada de antecedentes que acrediten tanto la situación de catástrofe como la urgencia de la contratación .