Santiago 28 Ene. (ATON) -
La Inmobiliaria San Antonio S.A. presentó un reclamo judicial contra el Serviu de Valparaíso solicitando la expropiación total, y no parcial, del terreno en Cerro Centinela. Alegan que la decisión de expropiar solo una parte dejó el resto del terreno fragmentado e inviable económicamente.
Los dueños del terreno de la megatoma de San Antonio presentaron un reclamo judicial contra el Serviu de la región de Valparaíso, solicitando que el Estado expropie la totalidad del predio ubicado en el sector Cerro Centinela, en las comunas de San Antonio y Cartagena, y no solo una parte de él, como fue resuelto inicialmente.
Según informó El Mercurio de Valparaíso, la acción fue interpuesta por la Inmobiliaria San Antonio S.A. ante el Juzgado Civil de San Antonio, al amparo del artículo 9 letra b) del Decreto Ley N°2.186, normativa que regula los procesos de expropiación en Chile y que permite reclamar cuando una expropiación parcial deja el resto del inmueble sin valor económico.
El conflicto se origina a raíz de la expropiación parcial informada en diciembre de 2025 del predio de propiedad de la inmobiliaria para la ejecución del Plan Habitacional Cerro Centinela.
Según el acto administrativo, se expropiarán tres grandes lotes del terreno original -identificados como Lote 1A-1, Lote 1A-3 y Lote 1A-5- que en conjunto suman más de 1 millón de metros cuadrados.
Sin embargo, la inmobiliaria sostiene que esta decisión dejó el terreno restante fragmentado en diez retazos inconexos, sin continuidad territorial ni viabilidad comercial.
De acuerdo con el reclamo judicial, los terrenos que no fueron expropiados quedaron afectados por múltiples restricciones.
Lo anterior, debido a que parte de estos retazos se ubican en zonas de protección de quebradas, áreas verdes o zonas destinadas a cementerio según el Plan Regulador Comunal de San Antonio.
A ello se suman problemas de topografía, como fuertes pendientes y quebradas, altos costos de urbanización y, en algunos casos, falta de acceso a vías públicas, según exponen desde la inmobiliaria.
La empresa afirma que, tras la expropiación parcial, los terrenos remanentes dejaron de constituir una unidad económica, haciendo inviable su venta, arriendo o desarrollo inmobiliario, tanto para la propietaria como para terceros.
Por lo mismo, la inmobiliaria solicitó al tribunal que ordene al Serviu ampliar la expropiación a la totalidad del predio, argumentando que el daño patrimonial sufrido es una consecuencia directa del actuar del Estado.
La demanda no sorprendió al interior del Minvu. Según fuentes de la cartera, era esperable que la inmobiliaria impugnara el acto expropiatorio, ya fuera por el precio o por la superficie involucrada.
Sin embargo, llamó la atención que los dueños solo cuestionaran la extensión de la enajenación, aceptando con ello el valor de 0,24 UF por metro cuadrado propuesto inicialmente por el Minvu, lo que -según la autoridad- daba cuenta de que existían condiciones para haber alcanzado un acuerdo técnico previo.
En esa línea, la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, lamentó la postura adoptada por la empresa señalando que uno, a esta altura, no puede dejar de advertir que hubiera sido posible, atendiendo el precio de la expropiación al que llegó la comisión de peritos independientes, que habría sido perfectamente posible llegar a un acuerdo en la Comisión Técnica. Lamentablemente, no encontramos esa voluntad .
La delegada agregó que el ministerio acatará lo que determine la justicia en este caso.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), enfatizó que el proceso expropiatorio ya presenta avances concretos. Las 110 hectáreas ya están expropiadas , afirmó, indicando que la cartera se encuentra evaluando cómo financiar la urbanización del terreno.
Tenemos que hacer la urbanización para poder construir. Esperamos licitar la urbanización cuanto antes. En este momento estamos viendo el financiamiento, en el que va a aportar bastante la gente que tomó , explicó el secretario de Estado.
Mientras tanto, la resolución judicial que se adopte será clave para definir el futuro del proceso y el destino final del terreno donde se emplaza una de las tomas más grandes del país.