Santiago 21 Feb. (ATON) -
Más de dos mil familias denuncian afectaciones físicas y psicológicas tras los operativos.
El conflicto por los desalojos en el Cerro Centinela de la megatoma de San Antonio escaló hasta los tribunales. Tres comités sociales del asentamiento ubicado en la comuna presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, Gloria Maira.
En la acción judicial, los recurrentes sostienen que 2.143 familias han sufrido afectaciones físicas y psíquicas a raíz de procedimientos que califican como ilegales, arbitrarios y sin resguardo adecuado. Además, acusan vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.
La abogada Dafne Aránguez, representante de los comités, explicó que el recurso se basa en las consecuencias que según argumentan han provocado las actuaciones de la Delegación, incluyendo la negativa a entregar información sobre los procedimientos realizados.
En paralelo, Gustavo Sepúlveda, vocero del Movimiento Pobladores Organizados, se refirió a la querella por estafa presentada contra el ministro Carlos Montes. Indicó que, aunque la acción fue declarada inadmisible, se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
El escrito presentado ante el tribunal describe presuntas irregularidades en el proceso iniciado en enero de 2026, como demoliciones anticipadas, falta de información sobre reubicaciones, carencia de apoyo suficiente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad, y eventuales omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos.
En la ampliación del recurso, los comités solicitan la suspensión del desalojo, el cese del hostigamiento y la adopción de medidas cautelares para las familias y dirigentes. Asimismo, piden subsidios de arriendo por al menos dos años para 120 socios directamente afectados.
Por su parte, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio manifestó que toda persona tiene el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia y aseguró que las actuaciones realizadas se ajustan a lo ordenado por los órganos jurisdiccionales.