Santiago 3 Dic. (ATON) -
Daños a terrenos de pastoreo, vertientes intervenidas con áridos, operación sin permiso ambiental, posible contaminación del río Choapa, tronaduras y circulación de vehículos que generan polvo en suspensión y ruidos molestos, además de tala de árboles y daños a la salud de la población.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra Alfredo Villalobos Román, titular del proyecto Minera Piedras Blancas, ubicado en el sector Tunga Sur, en la comuna de Illapel, región de Coquimbo. Arriesga una multa de $8.345 millones.
El proyecto consiste en la explotación de carbonato de calcio y en la disposición de residuos y estériles resultantes de la extracción, con una capacidad superior a cinco mil toneladas mensuales, a través de un rajo abierto, una planta de conminución de minerales y un botadero de estériles.
El caso se originó tras la recepción de dos denuncias ciudadanas que apuntaban, principalmente, a la afectación de terrenos de pastoreo, vertientes intervenidas con estériles, operación sin permiso ambiental, posible contaminación del río Choapa, tronaduras y circulación de vehículos que generarían polvo en suspensión y ruidos molestos, además de tala de árboles y daños al medioambiente y a la salud de la población del sector.
A partir de esas denuncias, fiscalizadores de la SMA solicitaron información al titular y a Sernageomin, concluyendo que el proyecto no contaba con permiso ambiental para operar. Por ello, en agosto de 2021 la Superintendencia requirió su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), requerimiento que fue reiterado en octubre de 2021 y en enero de 2022, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento.
Sobre esa base, la SMA formuló dos cargos graves contra el titular. El primero se refiere a la ejecución de un proyecto de desarrollo minero con una capacidad de extracción de mineral superior a cinco mil toneladas mensuales, junto con un proyecto de disposición de estériles asociado, sin haber sido sometido a evaluación ambiental. El segundo se relaciona con el incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA efectuado en 2021 y reiterado en dos oportunidades posteriores, que no ha sido acatado hasta hoy.
El jefe de la Oficina Regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, destacó que el titular, pese a que se le requirió el ingreso al SEIA por tratarse de un proyecto de desarrollo minero susceptible de causar impacto ambiental, no se sometió a dicho sistema, incluso luego de que desde la SMA reiteráramos ese requerimiento .
De esta forma, el titular arriesga la clausura, revocación de su RCA o una multa de hasta 5 mil UTA por cada cargo, lo que se puede traducir en una multa de hasta 10 mil UTA, equivalentes a $8.345 millones al valor de la UTA en diciembre de 2025.
Desde ahora el titular cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.