Santiago 1 Ago. (ATON) -
La ministra de Educación, María Paz Arzola, realizó la Cuenta Pública Participativa 2026, donde fijó las prioridades y el plan de acción para este periodo.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, realizó la Cuenta Pública Participativa 2026, donde fijó las prioridades y el plan de acción para este periodo.
En los primeros meses de esta administración se comenzaron a implementar las medidas prioritarias del plan de Gobierno, que se enmarcan en el objetivo de poner al Ministerio de Educación al servicio de la educación y de los aprendizajes", indicó.
Arzola explicó que "se han desplegado acciones y medidas destinadas a facilitar y a apoyar la labor de los establecimientos y las comunidades educativas, procurando dar respaldo explícito y fortalecer la confianza en la labor que estos realizan".
Entre estas medidas se encuentran Directores por Chile; el Plan 90 Días; el restablecimiento de la coordinación de los Liceos Bicentenario; el proyecto de ley que crea un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso; el proyecto de ley Escuelas Protegidas; el proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar; el impulso al proyecto de ley que facilita la creación y ampliación de una oferta escolar de calidad, y la elaboración del Plan Chile Aprende y Avanza.
Respecto a la gestión financiera, desde la cartera indicaron que se identificaron programas y asignaciones que presentaban déficit en el Presupuesto 2026. Además, se revisó el presupuesto para cumplir con pagos pendientes; cautelar el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros; asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar el soporte a los establecimientos y la entrega de beneficios estudiantiles.
Asimismo, se han definido medidas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo, incluyendo una mejor focalización del gasto, la revisión de programas prescindibles, la mejora del proceso de asignación y seguimiento de los beneficios estudiantiles y la recuperación efectiva de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En paralelo, se han impulsado iniciativas orientadas a contener el aumento futuro del gasto público destinado a Gratuidad de la Educación Superior.
Arzola indicó que el ministerio sentó las bases de planificación para la calidad del sistema. En Educación Parvularia se elaboró el Plan de Cumplimiento de Certificaciones 2026-2034, cuyo diagnóstico estableció que de los 3.753 establecimientos de la oferta pública, solo 1.852 (49%) cuentan con Reconocimiento Oficial e identificó 1.547 que requieren de intervenciones en infraestructura, además de brechas jurídicas y técnico-pedagógicas.
La autoridad también mencionó el proyecto de ley de Sala Cuna y el análisis que se realizó en Liceos Bicentenarios a partir de datos del Simce y la Paes, los que fueron el fundamento para el Plan Estratégico 2026-2029 orientado a consolidar la red como referente nacional de excelencia.
Sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el ministerio sostuvo que ha mostrado retos en el proceso de transición e instalación, y en la capacidad y flexibilidad que requieren las direcciones ejecutivas de los nuevos SLEP para hacerse cargo de las necesidades que presentan día a día sus establecimientos, docentes y estudiantes.
Junto con ello, mencionaron que para enfrentar las deficiencias evidenciadas en el Sistema de Admisión Escolar, se está tramitando un proyecto de ley para modificar el SAE y facultar a los establecimientos educacionales con sobredemanda a aplicar un mecanismo de elección mutua que considere nuevos criterios.
Durante la Cuenta Pública, se destacó la Ley Convivencia Escolar que establece un nuevo marco para la convivencia, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas y recalcaron que para su adecuada implementación, se encuentran en elaboración los distintos reglamentos que contempla esta norma.
En Educación Superior, la cartera evidenció la necesidad de fortalecer la gestión del sistema educativo en su conjunto, mejorando la articulación institucional, la eficiencia en el uso de recursos y la capacidad de respuesta a las necesidades de las comunidades educativas. Por ello, señalan que están estudiando cambios al Crédito con Aval del Estado.