Santiago 28 Jun. (ATON) -
La revisión se inició luego del informe de Contraloría sobre funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. El Ministerio de Vivienda también indaga el vínculo entre una funcionaria y una entidad patrocinante.
El informe de la Contraloría General de la República sobre el uso de licencias médicas en el sector público abrió una revisión administrativa en el Serviu de Valparaíso y derivó, además, en nuevas investigaciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda respecto de entidades patrocinantes que participan en programas habitacionales.
Según informó Radio Biobío, el reporte del organismo fiscalizador detectó que más de 25 mil funcionarios o trabajadores del sector público salieron del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. En la Región de Valparaíso se registraron 3.898 casos.
Tras conocerse estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda instruyó a los distintos organismos del Gobierno central iniciar los procesos disciplinarios correspondientes.
En el caso del Serviu de Valparaíso, la revisión también considera eventuales vínculos con entidades patrocinantes que participan en programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre ellas Uno a Uno SpA y Social Arquitectura.
En este contexto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la cartera mantiene investigaciones sobre estas entidades, independientemente de que estén o no relacionadas con el caso El Olivar.
En declaraciones consignadas por Radio Biobío, el secretario de Estado afirmó que el ministerio detectó un vínculo familiar entre una funcionaria del Serviu y una entidad patrocinante, además de otras actuaciones que ya fueron denunciadas.
"Además de tener una relación, esta señora usaba las vacaciones que están acreditadas para hacer negocios", dijo el ministro.
Respecto de las eventuales consecuencias jurídicas, el abogado Ariel Manríquez explicó que los antecedentes podrían ser analizados únicamente en sede administrativa o bien derivar en una investigación penal, dependiendo de lo que logre acreditarse durante las indagatorias.
El profesional agregó que, si se comprueba un uso irregular de recursos públicos, podrían surgir nuevas aristas por delitos como fraude al fisco u otras infracciones contra la administración pública.
Consultada por el mismo medio, la empresa Uno a Uno SpA aseguró que no mantiene en su plantilla a personas que hayan trabajado en el Serviu. Su representante, Soledad Monsalve, indicó que es la única propietaria de la firma, que no cuenta con socios y que "no se referirá más al tema".