Santiago 2 May. (ATON) -
La cartera aseguró que todas las decisiones se han basado en criterios técnicos
El proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en Viña del Mar, sumó un nuevo episodio judicial. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió a responder a una querella presentada por la entidad Social Arquitectura, descartando de forma categórica las acusaciones que apuntaban a supuestas irregularidades en el desarrollo de las obras.
A través de un comunicado, la cartera defendió su actuación en el proceso, señalando que las decisiones adoptadas se han basado en criterios técnicos y en el marco legal vigente. En esa línea, indicaron que todas las decisiones adoptadas en el marco de la reconstrucción post incendio en el sector El Olivar, en Viña del Mar, han sido tomadas sobre la base de antecedentes técnicos objetivos, la normativa vigente y el deber legal de resguardar los recursos públicos y, especialmente, la seguridad de las familias damnificadas .
Desde el ministerio también abordaron las acusaciones de falsificación de instrumentos públicos, asegurando que los informes cuestionados corresponden a documentación elaborada por organismos competentes. En ese sentido, explicaron que estos antecedentes son actos emitidos por organismos regionales técnicamente competentes , descartando irregularidades en su origen. Además, precisaron que eventuales errores administrativos deben ser revisados en instancias regionales.
Respecto a la acusación de coacción, la cartera enfatizó que sus actuaciones se enmarcan dentro de sus atribuciones legales. Las actuaciones del Ministerio y de los Serviu se enmarcan en el ejercicio de atribuciones legalmente establecidas, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha ejercido su rol de supervigilancia conforme a la normativa vigente , indicaron.
En la misma línea, la subsecretaria Natalia Aguilar respaldó el actuar del ministro, afirmando que el ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción. El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden .
Sobre la acusación de fraude al Fisco, el ministerio sostuvo que carece de sustento, argumentando que las decisiones adoptadas buscan evitar un mayor perjuicio económico. Dicha acusación carece de lógica, ya que la intervención del Ministerio ha buscado precisamente evitar que el Estado continúe financiando proyectos que presentan observaciones o fallas de diseño , señalaron.
Además, recordaron que previamente el propio ministro Iván Poduje presentó acciones legales ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y la entidad Social Arquitectura, por eventuales irregularidades, antecedentes que ya se encuentran en manos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado.
El caso ahora deberá ser resuelto por los tribunales de justicia, mientras el proceso de reconstrucción continúa en desarrollo. Las obras involucran 356 viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares tras el megaincendio del 2 de febrero de 2024, por lo que el ministerio reiteró su compromiso de avanzar en soluciones habitacionales que cumplan con estándares de calidad y seguridad.