Santiago 4 Ago. (ATON) -
"Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos", reza la demanda, impulsada por Oregón, Arizona y California y suscrita por otros 22 estados.
La mitad de los 50 estados de Estados Unidos han demandado al presidente Donald Trump y a su Administración por los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales, argumentando que son "igual de ilegales" que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.
"Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos", reza la demanda, impulsada por Oregón, Arizona y California y suscrita por otros 22 estados, todos ellos gobernados por demócratas.
Esta nueva ronda de gravámenes -decretada a finales de julio, horas antes de la expiración de otro arancel global temporal del 10%- se remite a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza este tipo de medidas en respuesta a prácticas comerciales desleales que se consideren restrictivas del comercio nacional. La Administración cita una investigación propia de varios meses sobre prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
"Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal", señala la demanda, presentada este lunes ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan.
En la misma, los estados demandantes sostienen que el USTR, Jamieson Greer, no está siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos legalmente, por lo que los aranceles deben ser anulados y los estados, alegan, deben recibir el reembolso de los depósitos que hayan pagado.
La demanda da lugar a un enfrentamiento ya habitual, en el que coaliciones separadas de estados y pequeñas empresas se enfrentan en una batalla legal con la Administración Trump por la tercera ronda de aranceles impuesta por el presidente.
El inquilino de la Casa Blanca está tratando de reconstruir un muro arancelario derribado en febrero, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que sus aranceles globales, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), eran ilegales.
En los meses transcurridos desde entonces, las autoridades aduaneras han tenido que hacer frente a las solicitudes de devolución presentadas por miles de empresas que pagaron los aproximadamente 166.000 millones de dólares recaudados en concepto de gravámenes.
Tras el citado fallo, Trump impuso aranceles globales del 10% al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio. Un tribunal comercial los declaró ilegales, pero se permitió que siguieran en vigor durante el proceso de apelación, hasta que expiraron el mes pasado.