Santiago 28 Dic. (ATON) -
En la décima jornada de formalización, defensas y Fiscalía profundizaron sus argumentos por los delitos imputados a 71 personas, mientras el tribunal se prepara para definir las medidas cautelares.
Con la discusión centrada en la procedencia de las medidas cautelares, este domingo continuó el proceso judicial conocido como Operación Apocalipsis, en el marco de la décima jornada de formalización que involucra a 71 imputados, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, acusados de integrar una presunta organización criminal dedicada al ingreso de encomiendas ilegales a los recintos penitenciarios de Santiago Uno y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública retomó sus alegatos, esta vez enfocándose en el delito de lavado de activos. Desde la defensa se cuestionó la existencia de los delitos base, como cohecho y soborno, señalando que, de no configurarse estos ilícitos, tampoco se sostendría el cargo por blanqueo de dinero.
En esa línea, el abogado defensor argumentó que no existiría estratificación ni triangulación en las transferencias observadas por la Fiscalía, sino únicamente un aprovechamiento del dinero proveniente de un delito previo, lo que a su juicio no cumple con los requisitos del tipo penal imputado.
Posteriormente, la abogada Alejandra Rubio expuso los fundamentos de la oposición a la prisión preventiva, solicitando en cambio medidas cautelares alternativas como arresto domiciliario y arraigo nacional, atendiendo a las distintas situaciones personales de sus representados.
Según explicó, en este caso no se configuraría un peligro para la sociedad. Además, advirtió que, de decretarse la prisión preventiva, los imputados regresarían al mismo entorno en el que supuestamente se cometieron los ilícitos . A ello sumó que, tras revisar los informes financieros, no se habría detectado capacidad económica suficiente que permitiera planificar una eventual fuga.
Rubio también pidió al tribunal considerar que ninguno de sus defendidos registra antecedentes penales, un elemento que según sostuvo ha sido pasado por alto por la Fiscalía a lo largo del proceso.
La respuesta del Ministerio Público y los querellantes
Pasado el mediodía fue el turno de la Fiscalía, que respondió a los cuestionamientos planteados por las defensas. El fiscal Sergio Soto defendió la investigación y planteó que parte de los argumentos expuestos podrían responder a un desconocimiento de la normativa asociada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y cohecho o soborno.
En relación con el blanqueo de dinero, el persecutor indicó que, en los casos donde se levantó el secreto bancario, todos tenían transferencias de internos o de visitas de internos . Además, recalcó que la legislación no exige que los fondos sean ilícitos, sino que carezcan de justificación.
Respecto al delito de cohecho, que sustenta el cargo por lavado de activos, Soto citó el ejemplo de un funcionario que solicitó el préstamo de un automóvil de lujo a cambio de un favor, señalando que ese solo hecho configura el ilícito.
Asimismo, detalló una interceptación telefónica entre dos gendarmes, quienes conversaban sobre la necesidad de obtener dinero y luego mencionaban el ingreso de carne al penal a solicitud de un interno.
Sobre la asociación criminal, el fiscal reconoció que no se ha identificado un centro operativo específico, pero sostuvo que la estructura detectada cumple con los elementos exigidos por la ley, como la existencia de numerosos participantes, permanencia en el tiempo, una actividad ilícita común y un trabajo coordinado.
Tras ello, Soto entregó un desglose de los cargos que enfrentan los imputados a la espera de las medidas cautelares y concluyó señalando que Aquí se vio afectada la probidad pública, con los delitos de cohecho y soborno, la salud pública con los delitos de tráfico de drogas y la seguridad pública con la asociación criminal .
Finalmente, intervinieron el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante de Gendarmería de Chile, quienes respaldaron la postura del Ministerio Público y refutaron las tesis defensivas.
Desde el CDE, uno de sus abogados advirtió que Cuando quienes están llamados a custodiar el sistema lo utilizan como plataforma de lucro ilícito, el riesgo trasciende al caso individual y adquiere una dimensión estructural. Por ello las circunstancias personales invocadas por las defensas (..) son elementos ponderables, pero no neutralizan el riesgo que emana la pertenencia a redes criminales estables con coordinación y persistencia en el tiempo .
En tanto, ante los cuestionamientos de la Defensoría al uso de informes de Gendarmería en la investigación, la abogada de la institución señaló que por un puñado de funcionarios, se estaría colocando el correcto actuar de los más de 20 mil funcionarios que se desempeñan a nivel nacional en Gendarmería de Chile bajo el mismo escrutinio crítico y reprochable con el que se está juzgando al día de hoy a los 47 imputados, ex gendarmes .
Cabe recordar que en jornadas anteriores la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para 62 imputados. Hasta ahora, 20 de ellos optaron por no oponerse a dicha medida, dos ya se encuentran bajo prisión preventiva y seis cumplen arresto domiciliario total.
La audiencia continuará este lunes, cuando las defensas privadas presenten sus últimos alegatos antes de que el tribunal resuelva las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados.