Santiago 18 Ene. (ATON) -
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial solicitó la apertura de un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato informático por más de $472 millones.
Una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato informático millonario fue ingresada al Pleno de la Corte Suprema por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), solicitando la apertura de un sumario administrativo.
La presentación apunta a la asignación, mediante trato directo, de un contrato por más de $472 millones destinado a la modernización del Portal Unificado de Sentencias, adjudicado a la empresa Replai SpA. En el escrito, la organización atribuye responsabilidades a las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, al momento de la adjudicación la empresa beneficiada tenía solo un año de existencia, no registraba facturación, carecía de experiencia previa acreditable y no contaba con respaldo financiero suficiente para emitir boletas de garantía. Pese a ello, el Poder Judicial habría fundamentado la contratación invocando la causal de confianza derivada de experiencia comprobada , argumento que según la OTJ no se ajustaría a la realidad del caso.
La denuncia incorpora y amplía información previamente publicada por BBCL Investiga, donde se detalla el rol que ambas ministras habrían desempeñado en la promoción del proyecto ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Entre los antecedentes mencionados figura su participación en sesiones extraordinarias y la presentación directa de representantes de la empresa ante dicha instancia.
Asimismo, el documento cuestiona la posterior autorización de mecanismos de garantía alternativos, luego de que la empresa no lograra acceder a instrumentos financieros tradicionales, situación que a juicio de la organización debió impedir la adjudicación del contrato.
En el escrito también se señala que en enero de 2024 se intentó ampliar el contrato por montos superiores a los $1.000 millones, iniciativa que finalmente no prosperó. Además, se acusa que, tras denuncias internas por eventuales irregularidades, se habrían impulsado acciones para investigar al denunciante, lo que la OTJ interpreta como un intento de inhibir la fiscalización interna.
Según la organización, los hechos descritos podrían configurar graves responsabilidades disciplinarias, incluyendo incumplimiento de la normativa de compras públicas, vulneración del principio de probidad, uso indebido de influencias, falta de abstención, manejo imprudente de recursos públicos y contravención al Código de Ética Judicial.
Por estos motivos, la OTJ solicitó la apertura inmediata de un sumario administrativo, la suspensión de las ministras mientras se desarrolla la investigación y la aplicación de las máximas sanciones que contempla el ordenamiento jurídico, en caso de acreditarse las responsabilidades. Finalmente, pidió ser notificada formalmente de las resoluciones que adopte la Corte Suprema en el marco de esta denuncia.