Santiago 22 Jun. (ATON) -
Fernando Zamorano, Raúl Soto y Valentina Cáceres expresaron reparos a la propuesta y exigieron que cualquier decisión sea discutida con las comunidades locales.
Las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva, respecto a que la ampliación de la cárcel de Rancagua podría transformarse en una alternativa si el proyecto de Santiago 1 continúa entrampado, siguen generando reacciones en la Región de O'Higgins. Esta vez fueron parlamentarios de distintos sectores políticos quienes manifestaron su preocupación y cuestionaron tanto el fondo como la forma en que se planteó la posibilidad.
Las críticas surgieron luego de que la autoridad de Gobierno reconociera que el recinto penitenciario de Rancagua figura como una eventual opción para aumentar la capacidad carcelaria del país, en caso de que la expansión proyectada para Santiago no logre avanzar.
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Fernando Zamorano, quien calificó la situación como preocupante y cuestionó que una propuesta de esta naturaleza sea comunicada públicamente sin una conversación previa con los territorios involucrados.
El parlamentario sostuvo, en La Tercera, que resulta "gravísimo tanto de forma y fondo" abordar una materia de estas características a través de los medios de comunicación y sin considerar previamente la opinión de las comunidades que podrían verse afectadas.
Desde otra vereda política, el diputado Raúl Soto reconoció la necesidad de enfrentar el déficit de infraestructura penitenciaria que existe en el país, aunque advirtió que cualquier medida debe analizarse con responsabilidad y considerando el impacto regional.
Chile atraviesa un serio problema en materia carcelaria, afirmó el legislador, aunque precisó que eso no significa que la Región de O Higgins deba asumir automáticamente una solución.
No queremos transformarnos tampoco en el patio trasero de la delincuencia y de los reos de la Región Metropolitana. Por eso queremos evaluar, técnicamente y de forma responsable la propuesta que se haga a este respecto , señaló al mismo medio
A las críticas también se sumó la diputada Valentina Cáceres, quien rechazó la posibilidad de que la región vuelva a ser considerada como destino para proyectos que buscan resolver problemáticas originadas en Santiago.
La parlamentaria cuestionó que el Gobierno continúe observando a O Higgins como una alternativa para absorber los efectos de decisiones adoptadas en la capital.
El sector rural de Rancagua no puede convertirse en el patio trasero de la capital cada vez que una política pública fracasa o encuentra resistencia , sostuvo en redes sociales.
Cáceres también criticó la falta de participación de las comunidades en este tipo de decisiones y emplazó a las autoridades a incorporar a los territorios en la discusión.
Basta de que las decisiones que se toman entre cuatro paredes en Santiago sigan afectando a las familias de nuestra región. Los habitantes de O Higgins merecen respeto y no ser considerados una alternativa fácil para resolver los problemas de la capital , afirmó.
Las declaraciones de los parlamentarios se suman a los cuestionamientos expresados por distintas autoridades regionales, quienes han manifestado reparos frente a la posibilidad de ampliar la capacidad penitenciaria de Rancagua.
El debate se instaló luego de que el subsecretario de Justicia mencionara al recinto concesionado de la capital regional como una de las alternativas que el Ejecutivo podría considerar dentro de su plan nacional de infraestructura penitenciaria, en medio de las dificultades que enfrenta la ampliación de Santiago 1.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de generar nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal, desde O Higgins crece la presión para que cualquier decisión sea discutida con las autoridades locales y las comunidades que podrían verse directamente afectadas.