Santiago 1 Dic. (ATON) -
En forma unánime, las y los diputados de Gobierno Interior aprobaron la idea de legislar del proyecto que busca ampliar las facultades fiscalizadoras y sancionatorias del organismo. Además, se modifican normas sobre responsabilidad administrativa.
La Comisión de Gobierno Interior aprobó en general el proyecto que amplía las facultades fiscalizadoras y disciplinarias de la Contraloría General de la República. Además, la propuesta modifica normas sobre responsabilidad administrativa.
La iniciativa, originada en dos mociones y en un mensaje del Ejecutivo refundidos, contó con el apoyo unánime de trece votos a favor.
El grupo parlamentario fijó como plazo para las indicaciones el martes 30 de diciembre, por la complejidad de la materia. Asimismo, decidió que se trabajará sobre el texto presentado por el Gobierno. El mensaje propone fortalecer el rol del organismo fiscalizador y modernizar las normas de responsabilidad y de probidad en el sector público.
ROL DE LA CGR
Antes de la votación, expusieron abogados y docentes universitarios. Joaquín Palma sostuvo que los proyectos de ley proponen un fortalecimiento disciplinario, transformando la facultad propositiva de la Contraloría en sancionadora. Esto pasará al poder aplicar sanciones directamente.
Destacó que la renuncia del funcionario público no extinguirá su responsabilidad. Igualmente, se castigará a autoridades que no ejecuten las sanciones de la Contraloría, lo que implica una transformación estructural del sistema disciplinario.
Dichos cambios, subrayó el jurista, tendrían efectos en el equilibrio institucional y en la naturaleza constitucional de la Contraloría, que asumiría una función cuasi jurisdiccional en materia disciplinaria. Planteó que esto ocasionaría tensión con las garantías del debido proceso y con el estándar interamericano de DD.HH. y abre una discusión sobre tribunales contencioso-administrativos.
En tanto, Juan Carlos Flores preguntó que pasaría si en Chile tuviéramos un mal contralor. A su vez, dijo que este proyecto de ley surge en un momento en que se produce una especie de cacería de brujas a los funcionarios públicos, por lo que puede tener defectos estructurales.
A su juicio, se puede producir un tema delicado, por la posibilidad que se otorgaría a la Contraloría de acceder a las cuentas de funcionarios. Estimó que esto podría colisionar con la ley de datos personales que entrará en vigencia en diciembre de 2026. Hoy, explicó, sólo hay posibilidad de cruce de datos y la potestad de auditoría.
Por otra parte, manifestó que surge la duda de quién va a controlar la potestad disciplinaria de la Contraloría. Podría ser un tribunal ordinario o laboral, recalcó.
Adicionalmente, propuso mejoras al texto, como incluir la toma de razón en actos municipales de relevancia. También, establecer un catálogo claro de sanciones y modificar los juicios de cuentas, estableciendo plazos expeditos.
REACCIONES PARLAMENTARIAS
Claudia Mix consultó a los expertos cómo se hace para que el órgano fiscalizador funcione de manera eficiente y no dependa de las características personales de la autoridad. ¿Quién controla al contralor?, inquirió . Por su parte, Cosme Mellado cuestionó el déficit de personal de la Contraloría para atender, principalmente, las denuncias locales.
Bernardo Berger pidió que se aclare la propuesta del Ejecutivo de que se revisen cartolas de cuentas corrientes de los órganos sujetos de fiscalización y no de las personas.
Ambos académicos, sostuvieron que si se da más poder a la Contraloría se debe establecer un contrapeso. Agregaron que se establecen sanciones, pero no directrices. Por lo tanto, la limitación es que dependerán de la autoridad del servicio.
Sobre el acceso a las cuentas bancarias de las instituciones, Flores dijo que la Contraloría puede pedir información al banco y éste podría oponerse en el marco del vínculo entre las partes y por no existir orden judicial. Este tema podría generar problemas de datos personales o transparencia.
Desde el Ejecutivo, Valeria Lubbert, asesora para la integridad pública y transparencia, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, subrayó que, según la Constitución, los legisladores pueden definir las atribuciones de la Contraloría.
A su vez, consideró que no existe riesgo con la Ley de Datos Personales, que exige ciertos estándares, pero establece márgenes de licitud para las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría, como solicitar información y ejercer sus funciones.
Por otra parte, explicó que las sanciones directas que fija el proyecto son exclusivas para casos de personas que cesaron en su cargo (ya no vinculadas al jefe de servicio).
Sobre la dotación de personal del organismo, Lubbert dijo que la propuesta considera recursos para su aumento y para el desarrollo de un software que haga seguimiento a los procesos.