Santiago 22 Sep. (ATON) -
Diputados de RN hicieron la solicitud tras el informe de Contraloría por 485 funcionarios de la Administración Central que permanecen suspendidos preventivamente y continúan percibiendo sus remuneraciones.
Los diputados RN Diego Schalper y Eduardo Durán solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recabar ante la Contraloría General de la República todos los antecedentes relacionados con los 485 funcionarios de la Administración Central que permanecen suspendidos preventivamente y continúan percibiendo sus remuneraciones.
La petición surge luego de que la Contraloría detectara que 30 funcionarios llevan más de tres años suspendidos y 13 superan los cuatro años. Según los antecedentes conocidos, los diez casos de mayor duración habrían significado para el Estado un desembolso cercano a $671 millones en remuneraciones.
Los parlamentarios pidieron al CDE evaluar la procedencia de acciones civiles para recuperar eventuales recursos fiscales indebidamente desembolsados, así como acciones penales cuando los antecedentes pudieran revestir caracteres de delito.
No estamos, por tanto, frente a una mera anomalía burocrática , señala el oficio presentado por los diputados, quienes plantean que la prolongación de estos procedimientos durante años podría eventualmente generar responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Schalper y Durán solicitaron además esclarecer si las demoras obedecieron exclusivamente a negligencia administrativa o si, en determinados casos, pudieron existir actuaciones u omisiones destinadas a favorecer indebidamente a funcionarios o prolongar el pago de remuneraciones con cargo al patrimonio fiscal.
Los diputados enfatizaron que la solicitud no busca prejuzgar respecto de personas determinadas, sino que sean los organismos competentes quienes establezcan eventuales responsabilidades.
El Estado tiene el deber de administrar los recursos públicos con probidad, eficiencia y estricto apego a la legalidad , sostiene el oficio, advirtiendo que sería especialmente grave que la falta de diligencia terminará trasladando a los contribuyentes el costo de años de inactividad administrativa.