Santiago 20 Jun. (ATON) -
La iniciativa busca impedir que la Tesorería General de la República utilice el Código Tributario para cobrar el Crédito con Aval del Estado y establece que estos procesos deban tramitarse en tribunales civiles.
La controversia generada por los embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) motivó a la bancada PPD-Independientes a presentar un proyecto de ley que busca modificar el mecanismo utilizado para el cobro de estas obligaciones y poner fin a las distintas interpretaciones judiciales existentes sobre la materia.
El subjefe de la bancada, Héctor Ulloa, sostuvo que la iniciativa responde a la incertidumbre jurídica que enfrentan actualmente los deudores, afirmando que "la disparidad de interpretaciones en este tema demuestra que la controversia no puede resolverse por sí misma ni a través de acciones judiciales".
El parlamentario explicó que esta situación ha provocado que personas en condiciones similares reciban un trato distinto dependiendo del tribunal que revise su caso. "Esto es muy preocupante porque (...) los deudores en igual situación de morosidad del CAE quedan sometidos a procedimientos distintos según el tribunal o sala que conozca su causa. Es por eso que presentamos este proyecto de ley, para que se establezca una solución legislativa expresa, que fije con claridad el marco normativo aplicable", señaló.
La propuesta busca impedir que la Tesorería General de la República utilice el procedimiento establecido en el Código Tributario para perseguir el pago del CAE cuando el Estado actúa únicamente como aval. De esta forma, las cobranzas deberían realizarse mediante juicios ejecutivos en tribunales civiles, otorgando mayores posibilidades de defensa a los deudores.
El proyecto también contempla una interpretación del artículo 57 del Código del Trabajo para reforzar la protección de las remuneraciones frente a eventuales embargos, estableciendo que el empleador deberá identificar el carácter remuneracional de los depósitos realizados en las cuentas bancarias de los trabajadores.
Asimismo, la iniciativa propone que "los procedimientos de cobro ejecutivo iniciados por la Tesorería General de la República del CAE, que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de la presente ley, quedarán sin efecto".
Por su parte, el diputado José Montalva afirmó que el objetivo del proyecto no es impedir el pago de las obligaciones estudiantiles, sino aclarar el procedimiento legal para su cobro. "Queremos que se paguen estas deudas estudiantiles. Sin embargo, hoy día se están cobrando las deudas del CAE como si fueran impuestos", sostuvo.
En la misma línea, Ulloa indicó que la discusión jurídica aún permanece abierta en distintas instancias judiciales. "Esto lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Arica y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y está en veremos cómo va a fallar la Corte Suprema. También lo puso en duda el Tribunal Constitucional, que lo está viendo por una inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó", afirmó.
Finalmente, el legislador explicó que la intención de la propuesta es separar claramente el cobro de obligaciones tributarias del cobro de deudas financieras. "Lo que nosotros queremos es que todo lo que es impuestos se cobre con la Tesorería General de la República, como está establecido, y lo que es derivado de deudas, se cobre por el sistema normal del cobro de deudas, como se le cobra a cualquier persona", concluyó.