Santiago 3 Feb. (ATON) -
La magistrada del 7° Juzgado de Garantía, Carla Capello, falló en base a cuantiosa documentación presentada por la Fiscalía en el marco del Caso Procultura, que "dan cuenta del conocimiento y coordinación para la comisión del delito".
La magistrada del 7° Juzgado de Garantía, Carla Capello, falló en base a cuantiosa documentación presentada por la Fiscalía en el marco del Caso Procultura.
En esta causa se encuentran imputados por presunto fraude al fisco a su exfundador y director, Alberto Larraín; la exrepresentante legal Constanza Gómez; la exdirectora de estudios María Teresa Abusleme; la exjefa de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano Evelyn Magdaleno y el coordinador del Gore, contratado con fondos de la fundación, Gabriel Prado.
Según consignó El Mercurio, Capello señaló que "durante la investigación la fiscalía ha incorporado cuantiosa documentación tales como contratos, decretos de nombramiento, documentos públicos de la persona jurídica Fundación Procultura', copias de conversaciones por medio de la plataforma WhatsApp y correos electrónicos entre los imputados que dan cuenta del conocimiento y coordinación para la comisión del delito".
En cuanto a la orden de detención y la autorización de allanamiento, la jueza argumentó que "en base a esos antecedentes, a juicio de esta juez, la diligencia reúne los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos a las medidas intrusivas para legitimar su procedencia con menor afectación a derechos y garantías .
Asimismo, indicó que atendida la gravedad de la pena asignada al delito de fraude al fisco investigado, la cuantía de lo defraudado, el número de autores y el hecho que se encuentran involucrados funcionarios públicos, conforme a lo detallado en esta presentación, teniendo además presente que algunos de los imputados están siendo investigados actualmente en otras aristas del caso Procultura en diversas regiones del país por hechos ilícitos similares que guardan un patrón común de conducta que los conecta entre sí, se accede a la solicitud interpuesta y se ordena la detención .
Defensa
En tanto, las defensas estiman que no existen sustentos para estos cargos. Según el abogado de Larraín, Cristián Arias, no hay acuerdo sobre los delitos.
Hay una exposición donde hay dos acusadores y tres opiniones distintas respecto de cuál es la calificación jurídica o el eventual delito que habría cometido Alberto Larraín, entonces cuesta entender la imputación, no están de acuerdo tampoco los acusadores en cuál es realmente el monto o la especificación del perjuicio , dijo.
Y mencionó que vamos a tener que irnos a tratar de entender la imputación, vamos a eso y vamos a responder esta extraña forma de presentar el caso donde, insisto, hay tres opiniones distintas de los acusadores .