Santiago 30 Mar. (ATON) -
A través de un comunicado, la inmobiliaria solicita que se desista del proceso expropiatorio, se avance en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y se restituya íntegramente el terreno desalojado.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., propietaria de los terrenos donde se emplaza la megatoma de San Antonio, solicitó al Gobierno de José Antonio Kast que se desista de la expropiación parcial de su terreno, iniciada durante la administración anterior, y haga cumplir el fallo de la Corte Suprema que dispone el desalojo y restitución de su terreno .
Mediante un comunicado, la empresa cuestionó que este proceso de expropiación, anunciado por el gobierno anterior, no fue conversado ni informado a la inmobiliaria. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ordenó el desalojo del terreno, el Ministerio de Vivienda del gobierno anterior solicitó suspender por seis meses el desalojo, e iniciar conversaciones, para acordar una eventual compra del terreno por parte de los tomadores. Durante los seis meses de conversaciones la expropiación nunca fue planteada como alternativa .
Según la compañía, frente a la falta de acuerdo, el gobierno anunció unilateralmente la expropiación, dos días antes que se cumpliera el plazo para iniciar el desalojo .
El texto añade que la inmobiliaria se ha opuesto, a través de las herramientas legales a su disposición, tanto a la expropiación parcial como al precio fijado, debido al grave perjuicio económico que generan .
En su declaración, la firma subrayó que esta inmobiliaria ha realizado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar la propiedad. Desde el primer momento de la usurpación se realizaron las denuncias, se escribieron cartas a las autoridades, se pagaron insertos de prensa y se han emprendido numerosas acciones judiciales, todo con un solo objetivo, hacer valer sus derechos .
Finalmente, reiteraron su petición: Así las cosas, la inmobiliaria solicita que el gobierno desista de este proceso expropiatorio y que se avance en el único objetivo que ha tenido la empresa a lo largo de estos años: que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y se restituya íntegramente el terreno desalojado .
El proceso de expropiación fue impulsado por el gobierno anterior y buscaba adquirir 100 de las 215 hectáreas por $10.961 millones para levantar un proyecto habitacional. Sin embargo, en los últimos días el ministro de Vivienda, Iván Poduje, retrocedió en iniciativas similares vinculadas al Club Hípico de Punta Arenas y a Colonia Dignidad.