Santiago 3 Mar. (ATON) -
La norma, aprobada por la Cámara de Diputados, avanza a segundo trámite legislativo y dispone realizar test obligatorios a conductores del transporte de pasajeros, públicos o privados, al inicio o término de sus jornadas.
Establecer la obligación de las empresas de transporte de pasajeros de realizar controles periódicos preventivos de consumo de drogas a quienes conducen sus vehículos, es el objetivo del proyecto que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y despachó a segundo trámite al Senado (boletines 16853 y 16872).
El texto establece el deber de quienes tienen a cargo estos servicios, públicos o privados, de practicar cada cuatro meses pruebas respiratorias u otras que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción y a su costo.
Dichas pruebas se realizarán al inicio o antes del término de la jornada laboral de cada conductor. Esto, sin perjuicio de las facultades que tiene Carabineros para practicar test de alchol o drogas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
En las intervenciones en Sala, las y los parlamentarios manifestaron su apoyo a la familia y amigos de Mauro Alberto Gómez. El joven, de 14 años, falleció tras ser atropellado -cuando iba rumbo a su liceo- por un conductor que dio positivo al examen de cocaína.
Además, legisladores que representan a la región de Valparaíso lamentaron que esta zona tenga una de las mayores tasas de accidentes por consumo de drogas en el transporte público de pasajeros.
En esa línea, recalcaron que Mauro no es la única víctima que lamentar, ya que solo en 2025 otros accidentes de similares características tuvieron resultados fatales.
La iniciativa propone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con la cartera de Trabajo, establezcan por reglamento el procedimiento y periodicidad de las pruebas de control de consumo de drogas.
Así también, los criterios objetivos, generales y despersonalizados de selección del personal de conducción sujeto a su aplicación, entre otras materias.
El proyecto dispone el resguardo de los derechos de las personas a acceso a la atención de salud; los deberes de secreto y confidencialidad del personal calificado encargado de la toma de muestras y la protección de datos personales.
En apoyo a estas propuestas, las y los diputados indicaron que así como la ley exige la revisión técnica de los vehículos, se debe garantizar que los conductores que cumpen funciones de transporte de pasajeros estén en condiciones de realizar su trabajo.
En materia de sanciones, el proyecto en trámite dispone la obligación a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros a mantener un registro escrito y reservado sobre la realización y periodicidad de las pruebas, junto a la individualización del personal fiscalizado.
Asimismo, remitir esta información al Ministerio de Transportes dentro de los siete días siguientes a la realización de los test.
El incumplimiento de esta obligación, denunciada por la Subsecretaría de Transportes al juzgado de policía local competente, implicará una multa de 2 a 10 UTM ($140.000 a $699.000 app.), por cada incumplimiento verificado.