Santiago 21 Jun. (ATON) -
El defensor de la Niñez aseguró que la institución solicitó antecedentes a Migraciones y a la PDI durante 2025, pero no obtuvo toda la información requerida para determinar posibles vulneraciones de derechos.
Las irregularidades detectadas en el ingreso de niños haitianos al país volvieron a abrir el debate sobre las facultades de los organismos encargados de velar por la protección de la niñez. En ese contexto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, cuestionó la falta de respuestas oportunas por parte de instituciones públicas y aseguró que el caso dejó en evidencia limitaciones legales que afectan el trabajo de la entidad que encabeza.
En entrevista en Estado Nacional de TVN, Quesille sostuvo que la situación conocida durante los últimos días revela dificultades estructurales para que la Defensoría pueda ejercer plenamente sus atribuciones.
"Da cuenta probablemente de una falta de herramientas legales de la Defensoría para poder ejercer sus facultades", afirmó.
El abogado explicó que la institución tomó conocimiento de posibles irregularidades vinculadas a vuelos chárter con niños haitianos en abril de 2025, luego de recibir antecedentes desde la Comisión de Defensa del Senado.
A partir de esa información, la Defensoría solicitó antecedentes tanto a la Policía de Investigaciones como al Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de verificar la situación de los menores involucrados.
"Frente a eso, se pidió la información necesaria a la Policía de Investigaciones, que nos informa que no cuenta con un protocolo específico, sino que tiene un instructivo al cual se hace referencia, pero además también al Servicio de Migraciones, donde le pedimos a cada una de las instituciones que nos entregara un reporte detallado y desagregado por edad, por género, que nos permitiera justamente ver la situación de los niños y niñas y adolescentes para identificar si había vulneraciones o si había delitos", explicó.
Sin embargo, según relató, las respuestas obtenidas fueron insuficientes para activar otras acciones legales o administrativas. Quesille indicó que Migraciones no entregó la información solicitada y que la PDI tampoco reportó antecedentes que permitieran establecer la existencia de delitos.
"Por tanto, sin el conocimiento de un delito específico, no se pueden ejercer facultades legales, porque la ley está ahí", sostuvo.
El defensor de la Niñez afirmó que esta situación refleja una diferencia importante respecto de otros organismos fiscalizadores del Estado, que sí cuentan con herramientas para exigir el cumplimiento de requerimientos de información.
"Cuando las instituciones no le responden a la Defensoría de la Niñez, no hay sanciones legales", advirtió.
En esa línea, planteó la necesidad de revisar las facultades de la institución para fortalecer su capacidad de actuación frente a situaciones que involucren posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
"Estamos frente a una situación en la cual la Defensoría de la Niñez, haciendo uso de todas nuestras facultades legales, estamos frente a la carencia de alguna herramienta que nos permita que las instituciones se tomen en serio esta institucionalidad que es independiente, que es del Estado y que en definitiva podría haber detectado con anterioridad muchos de los problemas", concluyó.