Santiago 16 Abr. (ATON) -
Sobre las medidas, el ministro de Hacienda detalló que el plan combina incentivos a la inversión, alivios tributarios y ajustes regulatorios.
En un punto de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a despejar dudas y defender el alcance del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que todo este proyecto es de clase media
En su declaración, realizada en el edificio de Teatinos 120, Quiroz puso énfasis en el estancamiento económico y sostuvo que el proyecto busca revertir más de una década de bajo dinamismo.
Sobre las medidas, el ministro de Hacienda detalló que el plan combina incentivos a la inversión, alivios tributarios y ajustes regulatorios.
"Genera medidas de recaudación transitorias, que son voluntad de los contribuyentes. Entra en la reactivación de la construcción, restituye el DFL-2, se combina con la nueva ordenanza, elimina el IVA de la vivienda ventas de los próximos doce meses, busca regenerar de nuevo los 200.000 empleos, hace algunas reformas paramétricas en el sistema tributario", explicó.
Quiroz subrayó que el eje inmediato será el apoyo a las pymes y el empleo formal. "Principalmente, la medida más importante y la más inmediata es la protección del empleo formal, que beneficia a más de 200.000 pymes y les rebaja en la práctica el impuesto a pymes en 7%, a 7%", sostuvo.
Asimismo, sumó medidas de competitividad tributaria, incentivos a la inversión y ajustes sectoriales: "Continúa haciendo competitividad tributaria a nivel general, obtiene ahí una recaudación adicional también por medio de un impuesto sustitutivo".
Y destacó, además, cambios regulatorios para acelerar proyectos: "Continúa con las medidas de agilización regulatoria en medioambiente, le da un nuevo rango a la resolución de calificación ambiental, permite adelantar inversiones y eso permite generar más recaudación", indicó
El jefe de la billetera fiscal precisó que el plan también aborda sectores específicos y el control del gasto público.
"Actúa también sobre sectores especiales, como las salmoniculturas, y finalmente se dedica a las medidas de contención de gasto que son necesarias en este contexto", aseguró.
Consultado por el costo fiscal del proyecto y su financiamiento, Quiroz evitó adelantar cifras: "Por supuesto que lo tenemos. Va a estar el informe financiero y lo van a conocer en su oportunidad", respondió.
El ministro abordó las críticas por la supuesta falta de medidas directas para la clase media: "Quiero ser muy enfático, todo el proyecto es un gran proyecto que beneficia a la clase media. Este es un cambio de concepto, o sea, terminemos de pensar que para beneficiar a la clase media tengo que dar esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá", señaló.
"El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el dinero, el sustento, y que ese dinero alcance a comprar casas y a cumplir el sueño. La casa propia es la clase media, eso es, y en eso consiste este proyecto. Todo este proyecto es de clase media", agregó.
Quiroz, asimismo adelantó que se abrirá espacio para el diálogo político: "Conversaciones con el PDG van a ocurrir, como van a ocurrir también con todos los demás partidos, va a haber un diálogo, iremos avanzando después".
Otro de los capítulos más sensibles del proyecto, según el ministro, es la agilización regulatoria. En ese sentido, Quiroz puso el foco en la judicialización de proyectos con resolución de calificación ambiental favorable.
"El 85% de las judicializaciones termina ratificando lo vetado por el Estado", dijo, pero advirtió que "el 100% de las inversiones se queda esperando porque nadie sabe si va a caer en el 85% o va a caer en el 15%".
Sobre esa base, sostuvo que la propuesta busca que, si un proyecto con RCA aprobada entra a juicio y luego la resolución se revierte, "sea el Estado quien deba restituir o reembolsar el monto invertido, de modo de no detener la inversión".
El secretario de Estado incluso fue más allá al afirmar que esta medida "va a reducir la judicialización", porque "una parte de estas judicializaciones, y quizás una parte no menor, son de naturaleza extorsiva".
Junto con ello, anunció que el plazo para invalidar permisos sectoriales bajará de dos años a seis meses, con el fin de reducir la incertidumbre.
El titular de Hacienda sostuvo, además, que el proyecto incorpora medidas regulatorias específicas, en particular para la salmonicultura, entre ellas mecanismos para "acelerar las micro relocalizaciones", facilitar estudios de bancos naturales, la Información Ambiental de la Acuicultura (INFA) y reemplazar ciertas causales de caducidad de concesiones por un pago adicional de patente.
"Todo lo cual va a beneficiar directamente a la zona sur de Chile, en particular y muy fuertemente a Los Lagos, Aysén y Magallanes", afirmó.
En paralelo, el proyecto contempla invariabilidad tributaria para inversiones desde US$50 millones. "La principal certeza es que nuestro proyecto contempla invariabilidad tributaria para todas las inversiones de US$50 millones o más, sean de chilenos o extranjeros, y la invariabilidad aplica por un plazo de 25 años", señaló.
Quiroz también defendió un conjunto de medidas de contención del gasto, en línea con lo que describió como un esfuerzo de manejo "austero y más eficiente" de los recursos públicos.
Entre ellas, anunció la eliminación de la franquicia tributaria Sence. "Prácticamente no hay nadie que la haya analizado que tenga una opinión positiva de su efecto", sostuvo.
Y agregó, "a veces se ha prestado para abusos". En educación superior, descartó el fin de la gratuidad vigente, pero sí anunció "una moratoria transitoria al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad" por cuatro años.
Quiroz argumentó que el gasto en gratuidad "escapó a toda proyección" y que pasó de una estimación de $0,9 billones de pesos a "$2,2 billones de pesos".
Además, citó un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que, según dijo, "pone una luz de alerta" sobre incentivos en algunas instituciones de educación superior, ya que el 40% de los alumnos que cursan estas carreras lo hacen con resultados no rentables para ellos".
Asimismo, entre las medidas que contempla está fijar un límite temporal para acceder a la gratuidad. "Lo hemos planteado en el proyecto de hasta 12 años desde el egreso del colegio o de la enseñanza secundaria", es decir, los 30 cuando el egreso es a los 18 años.
En el sector público, el proyecto aumenta los cupos de incentivo al retiro desde 2.200 a 6.000, y endurece las sanciones por licencias médicas falsas.
"Cuando haya falseo de licencias médicas, se proceda a la destitución, término del contrato laboral y/o cese en el cargo, según corresponda", señaló, y remató: "Vamos a defender siempre el gasto social bien gastado , pero vamos a combatir siempre lo que se disfraza como gasto social, pero es fraude social".