Santiago 21 Dic. (ATON) -
El timonel de la UDI cuestionó una disposición del acuerdo entre el Gobierno y los gremios, señalando que impediría a un próximo gobierno realizar cambios en el aparato estatal.
Una dura crítica al acuerdo de reajuste salarial alcanzado entre el Gobierno y los gremios del sector público realizó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó el entendimiento como un caso de corrupción institucionalizada , apuntando especialmente a una de sus cláusulas, la que a su juicio busca impedir que una futura administración realice cambios en el aparato estatal.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, el timonel gremialista señaló que el concepto de amarre resulta insuficiente para describir el alcance de la medida incluida en el acuerdo. En ese contexto, explicó que la disposición apunta a quitarle la posibilidad al siguiente gobierno de poder poner en ciertos cargos que son importantes ( ) para dejar puestos a personas que son partidarias tuyas, cercanas a ti, y que tú no quieres que pierdan la pega .
Ramírez enfatizó que la norma no se limita únicamente a los cargos de exclusiva confianza presidencial, los que cifró en alrededor de 2.700, sino que tendría un impacto mucho más amplio dentro del Estado. Acá estamos hablando de 350.000 cargos que quedarían amarrados , sostuvo, cuestionando directamente la intención del Ejecutivo al impulsar esta cláusula.
Las declaraciones del dirigente se enmarcan en el rechazo transversal que ha manifestado la oposición frente al acuerdo de reajuste salarial, el cual contempla un incremento total de 3,4%, distribuido entre los años 2025 y 2026. Si bien el porcentaje del reajuste no ha concentrado las principales críticas, sí lo ha hecho una cláusula que establece nuevas exigencias para la no renovación de contratas.
Dicha disposición señala que estas decisiones deberán estar debidamente fundadas, con hechos y fundamentos de derecho, notificación previa y remisión a la Contraloría, además de habilitar reclamaciones por eventuales vicios de legalidad para funcionarios con al menos dos años de servicio continuo.
A juicio de Ramírez, la norma también presenta objeciones desde el punto de vista constitucional. La Contraloría ha dicho que no debe ser así y además es un proyecto inconstitucional , afirmó, recordando que el Tribunal Constitucional ha cuestionado reiteradamente la inclusión de disposiciones que no guardan relación con el objetivo central de una ley. Esta ley es de reajuste al sector público y te meten de contrabando un artículo que no tiene nada que ver con el reajuste , concluyó.