Santiago 29 Mar. (ATON) -
La decisión, vinculada a restricciones presupuestarias, generó críticas desde sectores de derechos humanos y apoyo desde el oficialismo.
La decisión de revertir la expropiación en Colonia Dignidad abrió un nuevo foco de tensión en el escenario político, generando reacciones tanto de respaldo como de rechazo desde distintos sectores.
El tema surgió luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordara la situación en conversación con La Tercera, explicando que la medida responde a restricciones presupuestarias que enfrenta su cartera. Según detalló, el ministerio tiene comprometido cerca del 97% de sus recursos, sumado a un recorte aplicado de manera transversal.
En ese contexto, el secretario de Estado sostuvo que solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos , lo que derivó en la decisión de revisar iniciativas en curso.
Dentro de estas medidas se incluye no solo la expropiación de Colonia Dignidad, sino también otros proyectos como la ciclovía de la Alameda, el Club Hípico de Punta Arenas y parte de lo invertido en la megatoma de San Antonio.
Desde el Ejecutivo, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la determinación señalando que no tenemos ningún interés en no cumplir con compromisos internacionales y, por lo tanto, es estrictamente por razones financieras y, hasta donde yo sé, es solo por los meses que restan de este año .
Las reacciones no tardaron en aparecer. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó la medida afirmando que es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad .
En el Congreso, las opiniones también se dividieron. La diputada Gloria Naveillán respaldó la decisión, destacando la necesidad de priorizar recursos en áreas urgentes como la reconstrucción y la vivienda. En esa línea, sostuvo que el ministro tiene toda la razón en priorizar qué es más importante y qué va primero .
Asimismo, argumentó que tú no puedes pretender gastar aproximadamente $47.000 millones en un sitio de memoria, donde hay que financiar primero los estudios, la factibilidad técnica, un montón de cosas, antes que usar esa plata en construir o reparar una cantidad no menor de viviendas .
Desde la vereda contraria, el diputado Raúl Leiva cuestionó el manejo del tema por parte del gobierno, señalando que se nota que están en problemas, el propio ministro de Vivienda recibe críticas por la forma de enfrentar y coloca otro tema sobre la mesa para ir desvirtuando las problemáticas que tiene el Gobierno .
A su vez, la diputada Lorena Pizarro criticó con dureza la medida, indicando que es curioso que solo le afectan las arcas fiscales y se sacrifican programas sociales, programas para perseguir el crimen organizado , y agregando que no me extraña; borrar la brutal historia de la dictadura civil militar es uno de los objetivos, no me cabe duda, de este gobierno, además defensores del pinochetismo .
El debate deja en evidencia una tensión entre prioridades presupuestarias y políticas de memoria, en un contexto donde las decisiones del Ejecutivo comienzan a marcar el tono de la discusión pública.