Santiago 28 Ene. (ATON) -
Economistas plantean que el financiamiento debería provenir de reasignaciones presupuestarias y descartan recurrir al mecanismo constitucional de emergencia.
La ola de incendios forestales que comenzó el 17 de enero en las regiones del Ñuble y Biobío ha dejado un escenario devastador, con miles de personas afectadas y un alto número de viviendas destruidas, mientras aún persiste la incertidumbre sobre el costo total de la reconstrucción.
Hasta ahora, los siniestros han consumido más de 34 mil hectáreas, dejando 21.708 damnificados, 21 fallecidos y 3.266 casas destruidas entre ambas regiones. Biobío concentra la mayor parte del daño, con 31.826 hectáreas quemadas, equivalente al 92 por ciento del total, además de 2.965 viviendas destruidas. En Ñuble, en tanto, se han registrado 2.591 hectáreas afectadas y 301 viviendas destruidas, según catastros actualizados de Conaf y Senapred.
Uno de los principales temas en discusión es el costo de la reconstrucción, dado que el Gobierno aún no entrega una estimación oficial. En ese contexto, el exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, estimó preliminarmente que el gasto podría ubicarse entre US$450 millones y US$500 millones, considerando un aporte por vivienda de entre UF 1.300 y UF 1.600. Esta proyección coincide con los cálculos del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que el costo total estaría entre US$300 millones y US$600 millones.
Las cifras siguen siendo preliminares, ya que los organismos públicos continúan levantando información en terreno mediante las fichas FIBE y los catastros sectoriales, lo que podría modificar el número final de damnificados y viviendas afectadas.
En paralelo, se debate cómo se financiará la reconstrucción, dado que los recursos no están explícitamente contemplados en el Presupuesto. La economista de Libertad y Desarrollo, Macarena García, sostuvo que el financiamiento debería provenir de reasignaciones presupuestarias. Con reasignación importante de partidas menos prioritarias , planteó.
Asimismo, descartó la necesidad de recurrir al mecanismo constitucional de emergencia. No creo sea necesario recurrir al 2% constitucional, ya que el nuevo gobierno se ha comprometido en cumplir con las metas de balance estructural que se imponga. Ahora bien, dado que no hay glosa republicana y que además se requerirán recursos adicionales para financia el reajuste del sector público, tendrán que hacer reasignaciones importantes .
García advirtió que, aunque existe espacio para ajustes presupuestarios, el proceso no será sencillo. Hay espacio para reasignaciones, es un gran trabajo identificar dónde cortar sin generar efectos indeseados en aquellos apoyos que se estima se seguirán dando a las personas . Agregó que por lo que se ha sabido, llevan un tiempo largo analizando este punto por lo que me imagino tienen elegidas las partidas .
En la misma línea, Acevedo señaló que el financiamiento suele provenir de reasignaciones internas del presupuesto. En general esto se financia de resignaciones. El presupuesto es bastante flexible. Hay un porcentaje de emergencia que pueden ocupar los gobiernos regionales .
En cuanto a las ayudas inmediatas, el Presupuesto 2026 contempla la operación de un Comité de Ayudas Tempranas integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales y Senapred, encargado de proponer un plan de apoyo inicial a los afectados, el cual debe ser visado por la Dirección de Presupuestos.
Bajo ese marco, se implementó el bono de Recuperación, que considera $1,5 millón para afectación alta y $750 mil para afectación media, sumando un total de $4.886 millones destinados a 3.372 hogares damnificados.
Además, el Gobierno reactivó el Fondo Nacional de Reconstrucción, creado en 2010 y financiado mediante donaciones privadas con beneficios tributarios. Este fondo podrá recibir aportes durante un máximo de dos años y las donaciones podrán acogerse a los incentivos contemplados en la Ley 20.444. Este mecanismo ya había sido utilizado tras las lluvias de 2023, cuando se recaudaron más de $648 millones para viviendas afectadas en la Región Metropolitana y Biobío.