Santiago 31 Ene. (ATON) -
Dos de los cuatro involucrados ya abandonaron el país, mientras el resto enfrenta plazos para presentar descargos o salir voluntariamente.
La revocación de visas y una sanción migratoria de alto impacto fue la respuesta de las autoridades chilenas frente al actuar de un grupo de turistas rusos que realizaron recorridos en motos de agua al interior de áreas naturales protegidas en la Región de Los Lagos. La medida contempla, además, una prohibición de ingreso al país por un período de cinco años.
El caso generó especial atención luego de que los vehículos acuáticos fueran vistos siendo trasladados en un camión que transportaba ayuda hacia zonas afectadas por los incendios forestales, con un destino que no ha sido precisado.
De acuerdo con información entregada por Radio Bio Bio, el Servicio Nacional de Migraciones informó sobre el estado de avance de los procedimientos administrativos iniciados contra los turistas, señalando que dos de las cuatro personas involucradas ya abandonaron el territorio nacional.
Según detalló la autoridad migratoria, los visitantes cuentan con un plazo de cinco días para presentar descargos frente a la revocación de sus visas. Finalizado ese período, dispondrán de otros cinco días adicionales para salir del país. En caso de no hacerlo, se activará la intervención de la Policía de Investigaciones.
Independiente de la vía por la cual se concrete la salida de los involucrados, Migraciones advirtió que todos quedarán sujetos a una prohibición de ingreso a Chile por cinco años.
Desde el ámbito turístico, la directora regional de Sernatur, Claudia Renedo, indicó que no existen registros previos de denuncias formales por este tipo de conductas, pese a que la empresa a cargo de estas excursiones habría realizado prácticas similares al menos desde la temporada estival pasada, según publicaciones difundidas en redes sociales del propio operador.
En ese contexto, la autoridad reforzó el llamado a realizar denuncias formales y oportunas ante este tipo de hechos, con el fin de evitar que se repitan comportamientos que vulneren la normativa vigente y pongan en riesgo la protección de los destinos turísticos y áreas naturales del país.