Santiago 16 Ago. (ATON) -
La iniciativa contempla restricciones para ingresar a la Administración del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público y Congreso, entre otros organismos. Se excluye a profesionales vinculados a la defensa penal pública.
Nuevas restricciones para el ingreso de abogados a organismos públicos propone un proyecto presentado por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN). La iniciativa apunta específicamente a profesionales que hayan representado a imputados por delitos de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo.
La propuesta establece que quienes hayan participado como abogados defensores en este tipo de causas quedarían inhabilitados posteriormente para incorporarse a distintas instituciones del Estado.
La restricción alcanzaría a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el caso del Poder Legislativo, la iniciativa también incorpora determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios relacionadas con asesorías jurídicas, legislativas o profesionales destinadas a parlamentarios y comités.
La propuesta no solo establece condiciones para futuras contrataciones. Los abogados que ya desempeñen funciones en las instituciones comprendidas por el proyecto tampoco podrían asumir la representación de imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo mientras mantengan sus cargos.
El incumplimiento de esta disposición podría significar la destitución, remoción o término del contrato del profesional, dependiendo de la institución en la que trabaje y de las normas que regulen su vínculo laboral.
Para fiscalizar estas disposiciones, el proyecto plantea que el juez competente o el Ministerio Público informe a la Contraloría General de la República sobre la identidad de los abogados que actúen como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas consideradas por la normativa.
Con esta información, Contraloría tendría que administrar un registro destinado exclusivamente a comprobar el cumplimiento de las nuevas inhabilidades e incompatibilidades. Los antecedentes podrían ser consultados por el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, resguardando la autonomía de cada organismo.
La iniciativa contempla, sin embargo, una serie de excepciones destinadas a resguardar el acceso a representación jurídica. La restricción no se aplicaría a abogados de la Defensoría Penal Pública, prestadores del servicio de defensa penal pública, profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial ni del nuevo servicio de Acceso a la Justicia.
También quedarían fuera de la prohibición los egresados de Derecho que realicen su práctica profesional gratuita en esas instituciones.
Según los fundamentos del proyecto, estas excepciones buscan garantizar el derecho constitucional a defensa y distinguir a quienes asumen este tipo de casos como parte de una función institucional de aquellos profesionales que deciden hacerlo de manera privada.
Uno de los impulsores de la propuesta, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Mauro González, defendió la necesidad de establecer estas restricciones.
Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado , sostuvo.